El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, no quiere que el gobierno audite su gestión, ni que la directora de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, le pida documentar la cuestionada licitación para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral.
La gente informada del país sabe que Roberto Rosario Márquez es dueño y señor de la JCE, y que sus decisiones no tienen posibilidad de ser cuestionadas por nadie en el pleno del organismo. Los votos son tres contra dos, porque los miembros Eddy Olivares y José Angel Aquino se resisten a ser parte del andamiaje que allí ha quedado estructurado, bajo la dirección de Rosario y con la complacencia de Rosario Graciano y César Féliz Féliz.
Roberto Rosario Márquez, como abogado y como político, quiere más, mucho más del poder que ahora tiene con el control de la JCE. Es el organismo con que cuenta para su ascendencia y posicionamiento, incluso frente a sus propios compañeros de partido, sean ellos Leonel Fernández o Danilo Medina.
Tiene su propia estrategia, utiliza un batallón de amigos y allegados en los medios de comunicación, y desde hace tiempo ha enfilado los cañones contra la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, y en particular contra la licenciada Yokasta Guzmán, además de sus críticas a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Impuestos Internos.
Cada vez que el doctor Rosario Márquez sale con durisimas críticas al gobierno, como las que hizo cuando llamó al presidente a hacer lo que nunca se ha hecho con la ley de partidos, o ahora cuando afirma que lo quieren controlar desde el Palacio Nacional, tiene la intención de que el presidente de la República intervenga y le quite de encima a Yokasta Guzmán, quien está haciendo el esfuerzo para que se cumpla le ley y se respete el mandato que ella tiene de pedir cuentas en materia de compras y contrataciones públicas.
Muchas consultas jurídicas se han hecho sobre la licitación de la JCE para la nueva cédula. Roberto Rosario Márquez hizo lo que entendió correcto y ni siquiera permiti[o revisar las objeciones que le formularon a la licitación. Compras y Contrataciones Públicas insiste en solicitar documentos que están en poder de la JCE, y que si se entregaran aportarían transparencia a la licitación, puesto que las condiciones de la misma cambiaron en medio del proceso. Algo insólito y violatorio de cualquier competencia entre iguales.
Rosario Márquez aduce que la Constitución le garantiza independencia financiera, y que eso impide al organismo estatal Compras y Contrataciones Públicas pedirle cuentas. Es el criterio que tiene la JCE, pero la entidad encargada de auditar las licitaciones y las compras tiene la potestad y el mandato del Estado, incluyendo la opinión favorable del Ministerio de Hacienda. Todo negocio con el dinero público debe ser supervisado por un ente independiente al que hizo el negocio.
Roberto Rosario Márquez retorna esta semana con sus ataques, ahora directamente al Palacio Nacional, y al presidente de la República. En realidad les está recordando al gobierno y a los líderes del PLD que él es quien manda en la JCE, y que no acepta que Yokasta Guzmán le pida documentos.
Observen las declaraciones del doctor Rosario Márquez, esta semana, y verán que quien está hablando es un funcionario que se siente con poder para decir lo que dice y algo más, en especial porque va contra el presidente Danilo Medina, en apariencia, pero como hemos dicho exige al presidente atajar a la directora de Contrataciones Públicas:
Sobre las peticiones de Contrataciones Públicas:
“Los propósitos que se ven no son buenos, que no sé cuáles son los fines, pero en un proceso electoral como el que viene no creo lo más adecuado que eso esté ocurriendo”. “Insisto que ese señor (el contralor general, Rafael Germosén Andújar), en El Nacional afirmó que actúa por mandato, que él despacha con el presidente Danilo Medina, que no depende ni de Hacienda ni de Gustavo Montalvo”.
Y sobre la auditoría de la JCE
Afirmó que además del acoso de Contraloría y la Dirección de Compras y Contrataciones, recibió un oficio el 30 de mayo pasado del subdirector de fiscalización de Impuestos Internos notificando a la JCE “que en uso de su facultad de nuestra auditoría abarcará la revisión integral de los libros de registros contables, recibo de ingresos y pago financieros, nómina de pagos, pagos a contratistas y otros procedimientos”.
Está claro que Roberto Rosario Márquez tiene su agenda, y que uno de sus propósitos es evitar la natural y legal vigilancia del Estado sobre los actos administrativos, contables y gerenciales de los diversos órganos del Estado, incluyendo a la JCE.
No es siquiera lógico pensar que el Gobierno de Danilo Medina quiera controlar a la JCE, porque sería casi un pleonasmo. El PLD controla la JCE y el gobierno no necesita controlar lo que ya tiene el partido de Gobierno. A menos que el doctor Rosario Márquez se haya declarado independiente del PLD, y haya decidido romper las cadenas que le atan a su partido y al gobierno que resultó de las elecciones que él, como presidente de la JCE, administró y dejó atado, bien atado, como una vez se dijo que Francisco Franco había dejado la monarquía española.
Alguien, legalmente, debe controlar los actos administrativos, de presupuesto y de ejecución de sus finanzas de la JCE, porque ese dinero es del Estado, y no puede administrarse con la alegría y la francachela como aparentemente se maneja. Tan sencillo como eso. Y nada más.