La administración del presidente Danilo Medina se prepara para entregar su propuesta de presupuesto y ley de gastos públicos para el 2017. La fecha límite para entregar al Congreso Nacional la propuesta es el 31 de octubre.
La Dirección de Presupuesto ya emitió una circular poniendo en conocimiento de las entidades públicas los límites en el gasto para el 2017. Exceptuando al Ministerio de Educación, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud, todas las demás entidades del Estado tienen que presupuestar con el límite de lo asignado en el 2016.
Esto significa que el gobierno no podrá aumentar el gasto público, y que tendrá que seguir financiando el presupuesto nacional con préstamos o con la emisión de bonos. Esta última modalidad ha sido privilegiada por las autoridades, porque los préstamos con organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, están destinados a inversiones focalizadas, específicas. En cambio, con el dinero que se obtiene con la emisión de bonos el gobierno hace lo que entienda, sin que nadie le pida cuentas.
El gobierno tiene opciones para reducir el gasto público. Tal vez se entienda que mejorar la calidad del gasto tiene consecuencias políticas. Sería nocivo que así sea, y que se admita, por ejemplo. Mejoría del gasto implica que el gobierno cuide los fondos que cada año se le entregan para reducir la brecha entre ricos y pobres y para atender las necesidades en servicios de salud, educación, asistencia social, inversiones en infraestructura y pagar los salarios.
Eduardo García Michel, economista, recientemente dio a conocer que la nómina pública ha crecido a partir del 2004, cuando el Partido de la Liberación Dominicana, retornó al poder. Y que ese crecimiento no se ha detenido desde entonces.
Para muestra un botón, de acuerdo con los datos de García Michel.
En 2004, último año del gobierno de Hipólito Mejía, la nómina pública absorbió 715 millones de dólares. Cuatro años después, en 2008, esa nómina se encontraba en 1,702 millones de dólares. Cuatro años después, para el 2012, había crecido a 2,234 millones de dólares, y para el 2015 la nómina estaba en 3,395 millones de dólares.
Es decir, que en los últimos 11 años la nómina pública se ha incrementado en 2,680 millones de dólares. Esto representa un 474 por ciento más. Y todavía falta mucho más, tomando en cuenta la tendencia de incrementos salariales puesta en marcha por los senadores de la República.
El gobierno puede mejorar la calidad del gasto revisando la nómina pública, por ejemplo, y estableciendo una política salarial racional, como está establecido en la ley general de salarios del sector público, que no está vigente porque le falta un reglamento.