Mediante el decreto No.283-21 el Poder Ejecutivo ha designado un Comité para la Preservación de la Ciudad Colonial de Santo Domingo que sustituirá a viejas estructuras para el mejor manejo del sagrado recinto. Los proverbiales conflictos jurisdiccionales que han aquejado su devenir hacen necesario ahora que la Direccion Ejecutiva del Comité sea un ente de equilibrio y armonización de intereses.
El Comité reemplazará al Patronato de la Ciudad Colonial y al Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial, ambas entidades creadas por el presidente Joaquin Balaguer (decreto No.220-93 y decreto No.14-91 respectivamente). Tambien a la Comisión Rectora de la Ciudad Colonial creada por el presidente Leonel Fernandez (decreto No.605). El recién emitido decreto, además, confiere al Comité las facultades que le asisten a los ministerios de Cultura y Turismo y a la Alcaldía del ADN a través de sus representantes en la membresía. La vicepresidencia del Comité la ejercerá el Arzobispo de Santo Domingo.
Los conflictos jurisdiccionales muchas veces han castrado las posibilidades de desarrollo del Centro Histórico. Ha habido en el pasado planes que conllevaban sus propias estructuras gerenciales, tales como, entre otros, el Plan Cuna de America del 1981 y el Plan Estratégico (Plan “Lombardi”) del 2006. Tal vez porque esos planes no se implementaron oficialmente las estructuras gerenciales que conllevaban no llegaron a desarrollarse.
Actualmente el Ministerio de Turismo ejerce una poderosa influencia por el hecho de ser el ente ejecutor del nuevo proyecto financiado por el BID. Pero las facultades legales del Ministerio de Cultura y del ADN con frecuencia entran en conflicto con las prerrogativas del MITUR. El ADN mismo dispone de una estructura conocida como la Direccion del Centro Histórico que de esta manera quedará subrogada al nuevo Comité.
La conciliación de los abordajes y perspectivas de las entidades oficiales no es el único reto de armonización que tendrá el nuevo Comité. Tambien deberá velar por los intereses colectivos frente a organizaciones privadas que son ocasionalmente virulentas en defensa de sus intereses particulares. Una de la mas influyente es el ICOMOS, guardián celoso de la preservación de nuestros monumentos históricos. Otra es la Unión de Juntas de Vecinos que agrupa unas 13 organizaciones barriales que defienden fieramente su derecho a permanecer frente a los estragos de la “gentrificación”.
El decreto de marras estipula la obligación del Comité de elaborar un Reglamento en los próximos 30 días. En esa tarea se habrán de definir algunas cuestiones fundamentales que orientarán las ejecutorias, tales como 1) una nueva la demarcación del recinto, 2) el propuesto cambio de nombre a Centro Histórico en vez de Ciudad Colonial, y 3) los usos autorizados de los espacios públicos.
Pero más importante aún es la definición de su misión fundamental: el decreto parece priorizar lo turístico por encima de lo identitario. Hay serios argumentos que aconsejan que la mayor importancia la debe tener lo identitario y de que lo turístico es una prioridad subalterna. La cabal edificación de la conciencia histórica de las presentes generaciones debe primar por encima de lo puramente mercurial.
Quedaremos pendientes de la escogencia del Director Ejecutivo del Comité para visualizar las posibles soluciones a estos importantes dilemas. Debido a la influencia de poderosos intereses privados que penden sobre el recinto histórico, debe ser una persona independiente con criterio propio y conocer profundamente la historia del recinto para armonizar intereses y trazar rumbos equilibrados. Solo así podría el presidente Abinader encauzar la historia correctamente.