Si los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores son personas informadas, que evalúan diferentes variables de sus decisiones y se interesan por el nombre e imagen de su gremio, deberán evaluar cuidadosamente sus decisiones contra el Ministerio de Educación y contra el incumbente, Arquitecto Andrés Navarro.
La guerra declarada por la ADP contra el ministro, por la designación de los 18 directores regionales de educación con el criterio que manda la ley, es un desatino mayúsculo que pone de manifiesto la lejanía que existe entre los objetivos del gremio que dirigen y los reclamos que están haciendo en relación con el control de las direcciones regionales del Ministerio de Educación.
La Fundación Institucionalidad y Justicia fue muy clara en su ponderación sobre el rechazo de la ADP a la decisión del Ministerio de Educación:
“Las acciones que han comenzado a tomar estas personas para impedir el cumplimiento de una decisión emanada de la Ley constituye una nueva edición de las actitudes antidemocráticas que caracterizan a algunos sectores que se niegan a acatar las decisiones de nuestro ordenamiento jurídico y representan una grave amenaza a la estabilidad, la gobernabilidad y la convivencia pacífica y de manera especial, constituyen una vulneración del derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana”.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ofreció su respaldo a la decisión del Ministerio de Educación a través de las declaraciones de su presidente, Pedro Brache:
“Reconocemos la educación como un elemento fundamental para nuestro progreso y desarrollo como país. Por eso queremos resaltar que se ha agotado un proceso competitivo riguroso, que en esta primera etapa ha permitido la selección de 18 funcionarios de alto perfil y competencia”.
Acción Empresarial para la Educación Básica (EDUCA) respaldó la decisión oficial de designar 18 directores regionales, ofreció su apoyo al Ministro Navarro y dijo que las paralizaciones de la docencia provocan pérdidas diarias de por lo menos 500 millones de pesos al país.
Acción Dominicana Contra la Corrupción dijo que la decisión del Ministerio de Educación fue la correcta:
”Estamos plenamente de acuerdo con lo externado por el Ministro de Educación de que finalmente el gran ganador de esa escogencia será la educación, con la cual se podrá alcanzar una sustancial mejora en la gestión en los centros educativos públicos”.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios brindó su apoyo también al proceso de selección y designación de los directores regionales:
“Para ANJE la designación de estos servidores públicos bajo procedimientos que garantizan la meritocracia, impactará positivamente en la mejora de la calidad de la educación y por consiguiente en la calidad del gasto público en educación que tanto requiere la economía nacional”. En nombre de ANJE habló su presidente, Raúl Hoyo.
Estas son solo algunas de las reacciones de entidades reconocidas a la negativa de la ADP a reconocer los directores regionales designados. El gremio de los maestros ha realizado protestas y brindado apoyo a quienes han utilizado la desobediencia para resistir estas designaciones. En los casos de las provincias Juan Sánchez Ramirez y San Pedro de Macorís hubo violencia.
La ADP quiso llevar el caso a los tribunales y presentó una oposición al Tribunal Superior Administrativo. Esa es una competencia del gobierno, y del Ministerio de Educación en representación oficial. Jamás lo ha sido de los dirigentes gremiales, a menos que estén confundidos por alguna ínfula extrema de poder político.
Este es un momento para que la ADP rectifique. Ojalá la inteligencia y la racionalidad retorne a los líderes gremiales de la ADP, y comprendan que han ganado muchas batallas, pero que esta no es posible que la ganen, por razones legales e institucionales.