Editorial

Respetar el espacio público: Buena medida del ADN

Por Acento.com.do

El respeto al espacio público no ha sido respetado en la República Dominicana. Áreas que debían estar dedicadas a la seguridad, al esparcimiento y al disfrute de los ciudadanos han sido ocupadas y convertidas en negocios privados o en terrenos para la edificación de propiedades de terceros, sin que las autoridades hayan podido impedirlo.

Lo mismo ha ocurrido con terrenos del Consejo Estatal del Azúcar y otras entidades estatales, como la desaparecida Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), que han sido botín en el despilfarro de las propiedades públicas.

En municipios de diferentes partes del país y en la capital ha ocurrido lo mismo. Las propiedades públicas se privatizan de la noche a la mañana, sin documentos, sin transparencia, y siempre es la sociedad que resulta perjudicada.

Es frecuente que ciudadanos en condiciones de pobreza también ocupen los espacios públicos, y los privaticen, estableciendo negocios insalubres o sin supervisión, talleres, centros de reparación de cualquier índole, expendio de productos agrícolas, venta de empanadas, jugos o venta de productos textiles, zapatos, calderos o longanizas. Muchos de esos negocios se establecen en la vía pública, donde hay gran movimiento de personas, como centros escolares, hospitales, esquinas comerciales de gran movimiento vehicular o de personas.

El respeto al espacio público hay que promoverlo. Hacia los políticos y aprovechados que se quedan con propiedades públicas y hacia los sectores marginados, que establecen negocios informales, y que en base a un supuesto derecho a “ganarse la vida” se quedan con el espacio público, interrumpen el desenvolvimiento cotidiano, sin que haya autoridad que imponga el orden.

Las ciudades son centros de gran dinamismo, entidades vivas, que requieren de unas normas para que no sean o se conviertan en el caos que casi 4 millones de personas sufren en la capital de la República Dominicana. Las autoridades han instalado centros de buhoneros, han dedicado espacios públicos para mercados. Y cada vez que lo hacen aquello se convierte en un problema mayor, como ha ocurrido en el llamado Mercado de las Pulgas, que opera en el extremo oeste de la avenida George Washington, en donde no es posible transitar, pese a la gran dimensión de esa avenida.

Ha hecho bien el Ayuntamiento del Distrito Nacional al tratar de poner un poco de orden y limpiar las inmediaciones del Hospital Francisco Moscoso Puello, en el Ensanche Luperón, en donde se han instalados docenas de pequeños centros de expendios de productos y ciertamente son un obstáculo para la circulación desde y hacia el centro asistencial, y en las dos vías en que circulan los vehículos por la avenida Nicolás de Ovando.

Una persona resultó herida por resistirse a la labor de limpieza del ADN. Con todo el derecho que le corresponde, y porque es su deber proteger los espacios públicos, los ejecutivos y agentes del Ayuntamiento comunicaron con tiempo la orden de desalojo del área. Estos propietarios de negocios informales se comportaron como si tuvieran en su poder los títulos de propiedad de las paredes del hospital, y se negaron a recoger sus productos.

El ADN debe ampliar este programa de protección y cuidado del espacio público. Los vendedores deben tener su propio espacio para la venta en lugares adecuados, ya sea de su propiedad o en los lugares que decidan ubicarles las autoridades. Nunca donde ellos deseen. Las calles, las aceras, los contener, las paredes de los lugares públicos no deben utilizarse para talleres de mecánica ni para vender plátanos fritos y salami.

Pese a las pedradas lanzadas por los buhoneros y quienes les apoyan, en un caos intolerable, las autoridades procedieron a desalojar los productos y utensilios del lugar, y de inmediato comenzaron a higienizar las áreas ya deterioradas, de modo que puedan ser utilizadas por las personas que entran y salen del hospital Moscoso Puello.

Para que esta área permanezca como espacio público el ADN tendrá que establecer vigilancia permanente y adoptar medidas adicionales que impidan el retorno de los informales. Es lo que corresponde.

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