La presión por el empleo es uno de los factores del miedo establecido en la administración pública. Muchas personas alegan, incentivadas por la campaña electoral, que los perremeístas vienen con una aplanadora y que saldrán de todos los empleados públicos, para colocar en sus lugares a miembros de ese partido, al que le atribuyen haber salido del poder en 2004, cuando en realidad fue el PRD que salió del poder en esa fecha y desde la administración de Medina ha sido aliado del PLD.
El PLD hizo promoción de que los empleados públicos serían afectados por el PRM en caso de ellos perder las elecciones. Hay quienes aseguran que los del PRM vienen “con hambre” de empleos, porque estuvieron 16 años fuera del poder del Estado. Entre los empleados públicos hay mucho miedo, y hay gente preparando ya su salida por despido, porque llegará un presidente al Palacio Nacional que no es del PLD.
Está bien claro que los altos funcionarios se van, como decía la consigna electoral. Los políticos del PLD salen de sus posiciones, que ocuparon holgadamente desde el 2004, y ya las consideraban una extensión de sus casas y apartamentos. Y no se dieron cuenta que las posiciones públicas son transitorias. El pueblo que vota las da y las quita, y en esta ocasión decidió despedir al PLD.
El equipo electo, encabezado por el presidente Luis Abinader, no vendrá necesariamente con una aplanadora, ni abusará de su cargo para aplastar a los peledeístas de la base. Quien sea profesional, rinda su servicio y acepte la nueva administración en sus políticas públicas tendrá que ser respetado en la función que desempeñe. Quien tenga posiciones políticas, y utilizara el cargo para trabajo político, y fuera una botella, tendrá que salir de la función. Quien haya cometido irregularidades, o se compruebe que tiene cuentas oscuras en su desempeño deberá responder por sus actos. Quien haya sido favorecido por nepotismo, amiguismo, o haya sido privilegiado con salarios por encima de lo que manda la posición, como es sabido que ocurre, también deberá revisarse su caso.
El Estado ha invertido muchos recursos en la formación de personal, especialmente en posiciones técnicas, y quienes desempeñan esas posiciones tienen que ser respetados. Áreas como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Dirección General de Impuestos Internos, Ministerio de Educación, Indotel y el sector salud, igualmente deben ser revisadas y respetado el personal con compromisos técnicos, que garanticen la continuidad del Estado y el correcto funcionamiento de esas entidades.
El dispendio en el aparato del Estado tiene que terminar. Las nominillas no pueden continuar. El barrilito y el cofrecito son aberraciones de las que el Senado y la Cámara de Diputados tienen que prescindir. Las canastas, regalos y otras prácticas de instituciones públicas, que resultan clientelistas, igualmente tienen que terminar. El Estado es un aparato burocrático que requiere eficiencia, calidad en los servicios que ofrece y racionalidad en sus costos.
Quien desempeñe su función con responsabilidad y no haya sido premiado con ventajas por razones políticas tiene que permanecer ofreciendo sus servicios, sin importar que sea militante político.
Otra cosa es que instancias ajenas a la política, como el Ministerio Público, hayan asumido posiciones oportunistas para asegurarse puestos en los que van a actuar con banderas del partido saliente. Eso está relacionado con las investigaciones penales, con violaciones a las leyes y con garantías de impunidad. Esos casos hay que revisarlos y tomar decisiones valientes. Hay un grupo de fiscales críticos que han asumido la defensa de la ley y la honestidad, y reclaman un ministerio público independiente, no un aparato al servicio del gobierno saliente.