El Consejo Nacional se la Magistratura deberá ponderar con sumo cuidado los datos que presentaron los aspirantes a ocupar posiciones en la Suprema Corte de Justicia. En nuestra nota editorial del viernes ponderamos positivamente algunas de las presentaciones, y afirmamos que se trata de aspirantes con historiales profesionales limpios, sin cuestionamientos éticos y con absoluto dominio de las materias que deben conocer para ser parte del tribunal.
Algunos de los postulantes que fueron escuchados este viernes llenan también esas características, como son los casos de Yeni Berenice Reynoso, actualmente Procuradora General de la Corte del Distrito Nacional y ex fiscal del Distrito Nacional, Lourdes Rodríguez Arias, de la Corte de Apelación de San Cristóbal, magistrada Nancy Salcedo Fernández, o el magistrado Antonio Sánchez Mejía, del Tribunal Superior Administrativo. Otros aspirantes con buen perfil y excelente participación fueron Natividad R. Santos, Danilo Antonio Tineo Santana, Miguelina Ureña Núñez, y José Alejandro Vargas, entre otros.
Sin embargo, por las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura han pasado hombres y mujeres con oscuras historias de corrupción, complicidad, enriquecimiento ilícito, venta de sentencias, violaciones de niñas, enriquecidos magistrados propietarios de colecciones de automóviles de lujo, propietarios de bancas de apuestas, propietarios de empresas financieras ilegales, prestamistas al más alto interés, socios de criminales y narcotraficantes, que se presentan como santurrones bien formados en los asuntos legales, y que se creen con merecimientos para integrar la Suprema Corte de Justicia.
¿Qué ha pasado con los niveles de investigación de las postulaciones de cada una de estas personas? ¿Cómo es posible que los consejeros, incluyendo al presidente Danilo Medina, tengan que perder tiempo y aplicar formalidad y decencia frente a violadores consuetudinarios de las leyes, traficantes y enmascarados, como si se tratara de gente decente?
¿Qué le ha pasado al sistema judicial que se ha visto invadido de delincuentes y criminales con togas, que han llegado a posiciones cimeras en los departamentos judiciales?
Entre los aspirantes hay jueces que son aliados de abogados en ejercicio y dirigen mafias que gestionan expedientes, que se apropian de propiedades valiosas, despojando a sus legítimos dueños, que en el área civil cometen gravísimas violaciones que nadie cuestiona o sanciona en Consejo del Poder Judicial.
Hay casos de postulantes que violaron niñas, que pagaron el silencio de las violaciones, que hicieron cancelar a otros jueces que los denunciaron. O los hay que tienen a sus hijos abogados como socios, siendo ellos jueces, y con esa alianza han creado enormes fortunas que no pueden justificar. O los hay que se dedican a dejar narcotraficantes en libertad, mediante mecanismos extraños de condena, que en realidad es la puerta abierta para su salida de cualquier acusación. O los hay que administran sus empresas personales desde el tribunal en que laboran, y los hay que están al servicio de dirigentes políticos regionales (caciques), y les garantizan impunidad en sus actos reñidos con la ley. Esa es nuestra realidad, que los consejeros del Poder Judicial debían conocer y sancionar, y que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura también debieron tener a su disposición a través del acceso a los archivos de sanciones de ese organismo.
Este modelo de postulaciones hay que revisarlo. Todos los abogados tienen derecho a postularse si sus títulos y el tiempo de ejercicio así lo determina, pero es necesario pasar por un cedazo el historial de cada uno. Hay que ahorrarle tiempo al país y a los miembros del CNM. Para este caso no ha habido filtros que aseguren la integridad de quienes se postulan. Moral y éticamente tienen que cumplir requisitos mínimos.