La religión, se supone, es un acto voluntario de fe y no se debe de imponer por la fuerza bajo ninguna circunstancia.
Se ha dicho siempre que peor que una mala promesa de campaña de un político es cumplir esa promesa una vez que ha logrado ser elegido. El mismo razonamiento vale para una ley, resolución o reglamento que viole la ley, pisotee derechos o simplemente contravenga la realidad social provocando más problemas que los que se supone resolvería.
En el Congreso de la República Dominicana, como si faltaran asuntos importantes sobre los cuales legislar, se aprobó hace 18 años la Ley No.44-00, que dispone que se adoctrine con la Biblia a los estudiantes, desde niños hasta jóvenes, en todas las escuelas públicas y privadas.
Obviamente, por absurda, esa legislación nunca se ha cumplido. Tampoco se sabe de que algún educador haya sido sancionado por no obedecer a ese mandato surgido del exceso de creatividad o de vagancia de algunos legisladores.
Huelga decir que para los genios que redactaron y aprobaron esa ley en el año 2000 y para quienes ahora la desempolvan y quieren obligar a los educadores a enseñar Biblia por las malas, a la fuerza, a la cañona, la Constitución no vale nada
Pues ahora, como si no fuera suficiente, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sometió una resolución que quiere obligar a los profesores y directores a cumplir con la dichosa ley de lectura y enseñanza obligatoria de la Biblia.
Para bien de la razón, la mayoría rechazó la propuesta de resolución y la Cámara la devolvió a la citada comisión.
Huelga decir que para los genios que redactaron y aprobaron esa ley en el año 2000 y para quienes ahora la desempolvan y quieren obligar a los educadores a enseñar Biblia por las malas, a la fuerza, a la cañona, la Constitución no vale nada. La Carta Magna, por si a alguien se le ha olvidado, consagra la libertad de cultos y de conciencia, en su artículo 45, y hace al Estado garante de ese derecho.