El Estado Dominicano tiene que definir la injusta segregación que se ha establecido con los dominicanos de ascendencia haitiana que fueron despojados de la nacionalidad por una disposición administrativa de la Junta Central Electoral del año 2007, y que se mantiene con las actuales autoridades del organismo.

La JCE evaluó y determinó que esa situación de negación de expedición de actas de nacimientos y cédulas de identidad había afectado a por lo menos 22 mil personas. Esas 22 mil personas fueron las que se apersonaron a las oficinas de la JCE a solicitar la expedición de certificaciones o documentos. La realidad es que son muchas más las personas afectadas.

Si en el país existe un Estado de Derecho, y si no es posible que las leyes sean retroactivas, y que gobiernen para el pasado, esas personas deben recibir el apoyo de las autoridades, y no la indiferencia.

Una organización que representa a los afectados y afectadas, denominada RECONOCI.DO se expresó ayer frente al Palacio Nacional en solicitud de que el presidente emita una declaración sobre su caso, de violación de la Constitución y las leyes.

Si el país quiere evitar nuevos sometimientos judiciales ante los organismos internacionales que velan por la vigencia de los derechos humanos, tiene que responder y resolver este estado de excepción con los dominicanos de ascendencia haitiana.

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