La empresa brasileña Odebrecht ha reclamado a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) el pago de un monto superior a los 700 millones de dólares, adicionales a los contratados por la construcción de las dos plantas de carbón de Punta Catalina, como cargos adicionales que ha tenido que incurrir por los atrasos en la obra y por costos adicionales que no estuvieron contemplados en el plan de construcción.
La CDEEE ha dicho que no pagará un centavo adicional a lo comprometido por el Estado en esta obra, pactada en 1,945 millones de dólares. El monto que Odebrecht reclama adicionalmente es de 708 millones de dólares. En la declaración de la CDEEE del viernes pasado, se dice lo siguiente:
“De inmediato, los equipos técnicos de la CDEEE, la firma Stanley Consultants, quienes son los Ingenieros Supervisores de la Obra y la Unidad Ejecutora de Proyectos, procedieron a la evaluación de los requerimientos, cuyo monto alcanza los US$708 millones, monto que exige en forma adicional a los US$1,945 millones que establece el contrato de Ingeniería, Procura y Construcción”. Concluyeron que no se pagará un centavo adicional.
Además de esta declaración, hay que recordar que existe un contrato que rige las relaciones entre los constructores de las plantas y el Estado que es el que ordenó, mediante contrato, las mismas. En ese contrato debió quedar claro si era posible que ocurrieran reclamos como este. parece que sí, porque en todos los contratos de Odebrecht hubo aumentos en los costos de las obras acordadas con el gobierno, que iban entre un 20 y un 35 por ciento por encima del costo acordado. Los 708 millones reclamados representan un 36% del costo total de las dos plantas de Punta Catalina.
Si el contrato establece que el consorcio constructor puede introducir costos adicionales, la CDEEE tendrá que aclarar muy bien, antes de irse a un litigio internacional, hasta dónde es plausible llegar en esta negativa. Pese a la imagen negativa de la empresa Odebrecht, y a que la comisión designada por Danilo Medina para investigar el contrato concluyó que el Estado no debía asumir nuevos costos, es algo que deberá evaluarse más allá de una simple declaración de prensa.
La CDEEE deberá aclarar bien este conflicto, si es real y no inventado, para evitarle al país trastornos y nuevas querellas. No hay forma de que el contrato de Punta Catalina quede como algo transparente, aún sin la existencia del conflicto que ahora surge, a partir del reclamo de Odebrecht y sus socios.
Malas experiencias ha tenido el país acudiendo a litigios internacionales sobre asuntos delicados y poco documentados, con empresas extranjeras. Acudir a un litigio con Odebrecht y perderlo sería una tragedia no sólo económica sino ética. Es un tema que deberá ayudarnos a mejorar la calidad de los contratos que se firman en nombre del Estado Dominicano.