En este año que finaliza varias iniciativas y acciones prolongadas de demandas testimonian que la sociedad civil tuvo una fuerte incidencia en la vida nacional. No siempre el éxito acompañó los esfuerzos realizados pero en el peor de los casos forzaron a que se reorientaran propósitos originales. Puede apreciarse, además, que la sociedad civil toma cada vez más conciencia de la necesidad de acompañar las demandas y propuestas con acciones de incidencia política, de manera que puedan terminar en decisiones de los actores políticos. Numerosas fueron las iniciativas que marcaron una cierta reactivación de la sociedad civil.
Aunque el Presidente Fernández afirmó que declinaba a su derecho de buscar la reelección presidencial, argumentando que la nueva constitución no se lo prohibía, la realidad fue que un clamor de la sociedad civil en defensa de la institucionalidad democrática se lo impidió. El intento que pretendía desconocer la prohibición constitucional recibió el rechazo de amplios y significativos sectores de la sociedad.
Junto a esta victoria, también hay que destacar la lucha permanente, durante todo el año, de la Coalición por una Educación Digna, por el cumplimiento de la ley que especializa el 4% del PIB para la educación. Aunque el gobierno mantuvo el criterio de violar la ley, se vio al Presidente de la República, en múltiples ocasiones, tratando de justificar por qué no hay que invertir más del 2% en educación, cuando lo que le correspondía era explicar por qué no lo hacía. Aunque no se logró el 4% en el presupuesto, la sociedad civil se mantuvo a la ofensiva en esta trascendental materia.
La selección de los jueces que integrarían las llamadas “Altas Cortes” fue una oportunidad también para que la sociedad civil hiciera hacer sentir su presencia a través de la Coalición por una Justicia Independiente que desplegó una amplia labor demandando un procedimiento transparente para la selección de los integrantes de estos importantes tribunales.
En este año se conformaron numerosos grupos de la sociedad civil, integrados por representativos de distintos sectores sociales, articulados para desarrollar actividades de lucha contra la violencia en sentido general y contra los feminicidios de forma particular. Manifestaciones en distintos lugares del país testimoniaron esta toma de posición de la sociedad que incluyó numerosas iniciativas en rechazo a la corrupción y en demanda de sanciones.