La delegación oficial de la República Dominicana ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encabezada por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, hizo una digna representación de la República Dominicana y sus intereses.
La reunión, que cada año se celebra en Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos, debatió el estado de los derechos humanos en el mundo, y en el caso dominicano algunos países formularon críticas, incluyendo a los Estados Unidos, sobre algunas de las debilidades en que se ha incurrido en el manejo de las políticas migratorias, y que ya han sido denunciadas internamente.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó al gobierno dominicano mejorar las políticas de garantías a los inmigrantes, que son deportados ilegalmente, porque generalmente entre los deportados hay personas que tienen sus documentos en regla. Estados Unidos fue el país que denunció las deportaciones de ciudadanos que han regularizado su status migratorio en la República Dominicana.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también recomendó reducir la violencia de género. Yanet Camilo, nuestra ministra de la Mujer, desempeñó muy bien su papel explicando las políticas que están poniendo en marcha las instituciones del Estado Dominicano para reducir los feminicidios y la violencia contra la mujer. Junto a Flavio Darío Espinal defendió las tres causales, que aunque no han sido aprobadas por el Congreso Nacional, en el Código Penal, son un compromiso del gobierno dominicano. Ojalá que los presidentes de las cámaras legislativas asuman esta reiteración y procedan con la aprobación de las tres causales establecidas en el Código Penal, como ha sugerido dos veces el presidente Danilo Medina.
Australia nos echó en cara el estancamiento jurídico en que se encuentran 92 mil personas nacidas en la República Dominicana, de procedencia haitiana, y que reclaman la nacionalidad dominicana pero las autoridades se la han negado.
Satisface que en ese encuentro el gobierno haitiano haya expresado su disposición para colaborar con el gobierno dominicano en los casos de deportaciones de trabajadores regulares. Haití y otros países solicitaron a la República Dominicana ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
Salieron a relucir en Ginebra las ejecuciones extrajudiciales que realizan agentes de la Policía Nacional. Cada uno de estos temas son propiamente derechos de las personas, que incluye el derecho a la vida, que están siendo observados por el mundo. Los países toman nota y en ocasiones como esta, nos la echan en cara. Es lo que pasa con todos los países miembros del sistema de Naciones Unidas.
La delegación oficial de la República Dominicana defendió el país y asumió compromisos con las recomendaciones que nos hicieron. Hay que cumplirlas, y todas las instancias públicas deberán contribuir con el cumplimiento de esos compromisos asumidos, incluyendo el Congreso Nacional que tiene pendiente la aprobación del Código Penal, incluyendo las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo.