Si la justicia quiere más pruebas las tendrá, en relación con los casos de corrupción que se atribuyen al alcalde de San Francisco de Macorís, señor Félix Manuel Rodríguez Grullón.
Si la justicia quiere demostrar adhesión a las normas éticas, si está interesada en que haya sanciones contra los desfalcadores del erario, en este caso tiene una oportunidad de oro.
Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se acostumbraron a justificar a los corruptos de sus administraciones diciendo que es difícil reunir las pruebas de los actos dolosos.
En primer lugar fue la Cámara de Cuentas de la República Dominicana la que dio la voz de alarma sobre las irregularidades en el gobierno local de San Francisco de Macorís. Puso en evidencia que las acciones dolosas eran del orden de los 155 millones de pesos.
Rodríguez Grullón negó los resultados de las auditorías, y dijo que las irregularidades eran apenas por 27 millones de pesos.
Se inició un proceso penal, a cargo de la Procuraduría General de la República, y se solicitó al departamento de Justicia de San Francisco de Macorís medidas de coerción por las acciones cometidas por el síndico. En magistrado Aníbal Medrano fue benigno, y decidió dejar en libertad al síndico, le impuso unas medidas para que continuara al frente del gobierno local, y comenzó a decidir en venganza contra las personas que le habían denunciado.
Los tribunales tienen ante sus ojos los resultados de la benignidad con la corrupción. Hubo violencia, varios intentos de agresión contra personas relacionadas con el cabildo local y contra periodistas. La impunidad, a golpe de presiones políticas, se impuso, pero la Procuraduría General de la República siguió investigando.
Ahora se descubre que el fraude es por el orden de los 400 millones de pesos, según reveló este lunes la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Seguro que las presiones a favor del síndico continuarán, independientemente de lo que diga o haga la Procuraduría General de la República, porque en este país se han perdido los límites. La corrupción campea por doquier y nadie se asombra, y se justifica toda forma de corrupción, provenga de cualquier sector del gobierno. La capacidad de asombro ya la hemos perdido.
San Francisco de Macorís está ahí, su gobierno local es un albañal y no tiene posibilidad de sobrevivir, y prácticamente nadie habla de destitución en un caso tan elocuente, porque ya la revocación de la autoridad incompetente no la tenemos en cuenta. Apenas se ha mencionado en el caso de Bayaguana, en que el síndico tiene medidas de coerción por el crimen del que se le acusa.
Si la justicia quiere ser justa, debe y está en la obligación de mirar hacia San Francisco de Macorís.