En su reunión de este jueves el Consejo Nacional de la Magistratura decidió aprobar el reglamento que regirá la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, además de la normativa para evaluar a los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia que tienen menos de 75 años y que aspiran a continuar en ese tribunal.
La decisión del CNM ha sido la de realizar las entrevistas a los aspirantes a jueces en un espacio abierto, a la vista del público y la de tomar las decisiones en un espacio cerrado, con absoluta discrecionalidad, muy diferente a como se realizó la elección en agosto del 1997 de la actual Suprema Corte de Justicia.
La decisión es decepcionante. Ya lo habíamos advertido que ese era un riesgo en la nota editorial del pasado 2 de julio, titulada “Elegir jueces con transparencia y a la vista de todos”, En ese comentario se dijo que “la no transparencia en la designación de los jueces de los tres órganos solo se justifica si existiera un intento por torcer la realidad, y que la gente no se de cuenta o no se entere. Si el gobierno quiere dar demostraciones de transparencia, debe permitir que el proceso completo sea transmitido y visto por el país. Esos órganos tendrán incidencia en la vida de todos y todas. Por tanto, debemos ser testigos de lo que allí pase”.
Lo que extraña es que la decisión se adoptara a “unanimidad”, y que ni los dos jueces de la Suprema Corte de Justicia, Víctor José Castellanos y Jorge Subero Isa, ni el representante del PRD, diputado Hugo Núñez, hayan disentido de la posición de hacer la designación a puertas cerradas. La experiencia del 1997 fue exitosa y no hay justificaciones para que se reivindique hacer la elección de un modo diferente.
¿Cuál es el papel del representante de la oposición en el CNM? ¿Qué puede hacer un miembro del CNM que pertenece a un partido opositor? ¿Qué rol podría jugar Félix Vásquez el senador de la Provincia Sánchez Ramirez, electo en la boleta del PLD pero que dice ser reformista? ¿Cuáles habrán sido los argumentos utilizados en el debate para que la decisión de elegir los jueces a puerta cerrada se haya adoptado a unanimidad? ¿Cuáles serán las razones del PRD y Hugo Núñez, su representante en el CNM, para aprobar tal decisión? Alguien con información e inteligencia sabrá responder adecuadamente cada una de estas preguntas.
Sin embargo, no ha dejado tranquila a la sociedad que observa y desea una justicia independiente del poder político. Hay preocupación bien fundada en que el presidente Leonel Fernández desea quedarse con el poder judicial luego de su salida del poder ejecutivo, como ya lo hizo Joaquín Balaguer en 1978, cuando salió del poder.
La institucionalidad demanda otras formas de control del poder político. No es posible que todo el poder siga en manos del poder político, sea la presidencia de la República o un partido de oposición. El poder es delegado y se otorga para ser bien ejercido, no para que se aplaste a todos los sectores de la sociedad.
Ya tendremos oportunidad de analizar en sus detalles los dos reglamentos aprobados, que no han sido dados a conocer. Pero se puede sospechar que muchas lagunas han quedado sin responder. Por ejemplo ¿podrá la sociedad objetar algún candidato de los que se presenten? Eso no queda claro. ¿Cómo se hará la evaluación que determine quién es electo y quién no? Tampoco lo sabemos.
En líneas generales, por lo que se ha informado superficialmente es presumible asumir que la reunión y sus resultados no auguran tanta transparencia como la que hubo en la elección del 1997. Esta reunión del CNM es una gran decepción en término de normas que garanticen la transparencia del proceso de escogencia de los jueces de las Altas Cortes.