¿Cuánto valor tiene la vida de un empleado público? Si se trata de los trabajadores que limpian las alcantarillas o que se encargan de limpiar los túneles de la presa Tavera-Bao y López Angostura, no vale absolutamente nada.
La pasada semana 28 obreros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) se intoxicaron y fueron llevados a centros hospitalarios, y dos de esos empleados públicos ya fallecieron, pero ninguna entidad pública ha salido a brindar una explicación de lo ocurrido. La razón es sencilla, nadie quiere asumir la responsabilidad de la tragedia, por las condiciones deplorables en que trabajaban estas personas.
Brígido Acosta, de 36 años, con domicilio en Sabana Iglesia, falleció este lunes. El fin de semana falleció, también de Sabana Iglesia, José Ignacio Gómez Díaz ( Yorkis) de 21 años. Nadie hasta ahora ha dado la cara frente a los familiares de las víctimas.
Máximo Laureano, el periodista de Acento que ha dado seguimiento al caso, ha reportado que “ni las autoridades del INDHRI, ni ejecutivos de la EGEHID, han dicho “esta boca es mía”, mientras en las comunidades de Sabana Iglesia entierran a sus muertos en medio de un silencioso dolor”.
Y tiene toda la razón.
La pregunta que flota en el aire, porque no hay nadie que aparezca como responsable, es ¿en cuáles condiciones trabajaban estos empleados del Estado? ¿Tenían equipos de seguridad? ¿Llevaban ropa, guantes, zapatos y máscaras especiales, imprescindibles cuando se trabaja bajo la tierra? ¿La empresa estatal responsable supervisa el trabajo de las personas que realizan esta limpieza, si se realiza con las debidas medidas de protección?
Hace falta que los familiares de las víctimas, que son 28 trabajadores, asuman este caso como un compromiso para que tragedias como estas no se repitan. Dos personas han fallecido y otros se encuentran en peligro de muerte. Los familiares de todos los afectados, y en particular los familiares de las dos personas fallecidas, tienen que demandar civilmente a las instituciones responsables del desastre. La tragedia ocurrió por descuido de seguridad, más que por desconocimiento o desafío de los trabajadores. Y si hubo desconocimiento del peligro que implicaba el trabajo, peor para los empleadores, pues su responsabilidad es advertir en los casos de trabajos con riesgos especiales.
No es mucho lo que hay que discutir. Alguien debe pagar por esta tragedia. Y que las familias de las víctimas no se queden de brazos cruzados.