La Junta Central Electoral anunció que tiene deudas por 1,237 millones de pesos. La extraordinaria revelación la hizo el presidente del organismo, Roberto Rosario, a través de un documento leído por el director financiero Diómedes Ogando.
El doctor Rosario dijo que en este momento esa deuda era la mayor preocupación de la Junta Central Electoral, pero que la revelaba como parte de su política de transparencia y en interés de informar al país sobre el manejo presupuestario así como los fondos que recauda esa entidad. Rosario dejó que fueran los funcionarios medios que hablaran del tema, algo inusual en él, quien le gusta concentrar todo el poder en su persona, incluyendo las reuniones con el presidente de la República.
Esa revelación de la deuda tiene, sin embargo, un punto que deberá discutirse en interés a la proclamada transparencia del doctor Roberto Rosario.
Si la JCE tiene una deuda de 1,237 millones de pesos es porque violó la ley de presupuesto, y muchas otras disposiciones gubernamentales, gastando más de lo que le fue asignado legalmente. Está muy claro que ningún organismo del Estado, por más autonomía que reclame, tiene derecho a gastar más de lo que le asigna el gobierno y que avala el Congreso mediante la aprobación de la ley de presupuesto cada año.
Al reclamar más fondos para sus excesivos gastos, y al disponer del dinero a borbotones como si el Estado estuviera obligado a solventar todas las exuberancias y extravagancias, y poner los datos sobre la mesa para que el país se entere, el doctor Rosario y su equipo están revelando una violación a la Ley de Presupuesto, y de paso están exigiendo que se les permita seguir violando las demás disposiciones, dada la realidad que le confirmó el Tribunal Constitucional recientemente, de que la independencia administrativa y financiera incluye la facultad de no ser molestado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
El comportamiento administrativo, el gasto excesivo ostensible, y hasta el hecho vergonzoso de premiar a la presidenta de la Cámara de Cuentas, entidad que audita la JCE, ponen en evidencia que el país se encuentra en una situación de insolvencia moral que afecta a las entidades del Estado.
Es difícil tener que admitir esto, y si usted no lo cree que estamos ante una quiebra moral, olvídese de la violación de la JCE a la Ley de Presupuesto, y trasládese a la Suprema Corte de Justicia, en donde en una sala penal el pasado miércoles se conoció una parte del proceso judicial por corrupción contra el senador Félix Bautista. ¿Qué mirar en ese escenario? Pues a la lista de senadores que se presentó allí a presionar a la justicia para que garantice la impunidad de su protegido y protector. Esa sola presencia de los miembros de un cuerpo que ha dictado leyes contra la corrupción, apersonados y amarrados de la mano con un denunciado por corrupción, es la mejor muestra de la quiebra moral de la política dominicana.