El pasado 16 de septiembre el presidente Danilo Medina emitió el decreto 260-16, designando una comisión de alto nivel para evaluar el impacto del DR-Cafta en el sector agropecuario. Esa comisión fue integrada por los ministros de la Presidencia, Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y Agricultura. También Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana.
El plazo otorgado a la comisión para rendir un informe fue de 45 días. Le faltan 11 días para que se cumpla el plazo de entregar el informe al presidente de la República. Se sabe que los problemas encontrados son múltiples, y que la actuación del gobierno es deficiente, tanto en los últimos cuatro años como en los anteriores ocho años de Leonel Fernández.
Los plazos para el desmonte arancelario a varios productos agrícolas producidos en el mercado centroamericano y de Estados Unidos están vencidos o a punto de vencer, dependiendo de la canasta en que se incluyeron en las negociaciones del RD-CAFTA.
El país tiene poco tiempo para hacer frente a los obstáculos que tendrán los productores nacionales para competir con productos de alta calidad y que entrarán sin impuestos al mercado local. Hubo tiempo para tomar medidas. Y no se tomaron. La nuestra sigue siendo una economía poco competitiva, con monopolios y múltiples esquemas de control del mercado, que resultan imposibles de sostener con una economía abierta.
Los productores de cerdo, leche y azúcar ya anunciaron sus preocupaciones. Vendrán otros. El país tendrá que acelerar las medidas para proteger la producción local. Si no lo hicimos antes es porque nos descuidamos, y no advertimos lo que nos venía encima cuando la desgravación impositiva que implican los acuerdos de libre comercio.
El aviso de la llegada del lobo nunca sirvió. Era algo de los economistas y especialistas. El lobo llegó y hasta el gobierno está fuera de tiempo para proteger la producción local que no es competitiva. Una pena.