“Yo creía que ese señor era ingeniero o un funcionario del Gobierno, porque las veces que lo vi andaba en vehículos con placa oficial”.

Así se expresó Robert Leonel González Pimentel, uno de los testigos en el juicio que se sigue a las personas vinculadas con el alegado jefe de una red de narcotráfico, asesinatos por encargo y lavado de activos, en el Prime Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El testigo González Pimentel es un artesano que trabajó con Figueroa Agosto desde 2006 a 2008 remodelando y decorando los lujosos apartamentos que el puertorriqueño había comprado, por medio de testaferros, del Ensanche Quisqueya, Los Cacicazgos, Arroyo Hondo, Punta Cana, Juan Dolio y en la Torre Alco Paradiso.

O sea, que se trata de un testigo de excepción sobre la gente que rodeaba a Figueroa Agosto, cómo vivían, con quiénes y dónde se reunían.

Las autoridades del Ministerio Público, en colaboración con las autoridades de Puerto Rico, han hecho una buena labor detectando y capturando a mucho de los involucrados en este escandaloso caso.

La imputada Sobeida Félix Morel, y ahora el testigo González Pimentel, han asegurado que había militares y otras personas de poder en el círculo de íntimos de Figueroa Agosto

Lo que hasta el momento ha faltado, por lo menos en la República Dominicana, son los nombres de los militares, policías y civiles con alguna responsabilidad en el Estado, que sea incluido entre los imputados y llamado a ofrecer las debidas explicaciones.

Por lo menos dos de los que han hablado en el juicio, la imputada Sobeida Félix Morel, y ahora el testigo González Pimentel, han asegurado que había militares y otras personas de poder en el círculo de íntimos de Figueroa Agosto.

En este caso, el testigo se refiere a las placas oficiales que tenían los vehículos del cabecilla de esta red de crimen organizado. Los responsables de dotar de placas oficiales, carnet del DNI y de rodear de impunidad a Figueroa Agosto deben ser identificados y llevados al banquillo de los acusados.

Estamos hablando de un caso que no sólo envuelve el criminal tráfico de drogas, con todo lo que acarrea, sino lavado y evasión de impuestos; y decenas de asesinatos, quien sabe si muchos más, ordenados por el jefe de ese grupo del bajo mundo.

Tanto crimen, tanta burla a la ley, tanta impunidad, no pueden quedar sin la debida sanción.

En consecuencia, no sólo los imputados actualmente en juicio deben pagar por esos hechos, sino también los que prevaliéndose de un uniforme, un rango o sus relaciones con alguna instancia del Estado, se puso al servicio de ese grupo criminal a cambio de quién sabe cuáles favores o beneficios.