Roberto Alvarez, abogado y especialista en derechos humanos, ha propuesto al gobierno dominicano atender la realidad de los dominicanos en Estados Unidos, afectados seriamente por las medidas inti-inmigrantes adoptadas por el gobierno del señor Donald Trump.
¿Qué puede hacer el gobierno dominicano? Esa misma es la pregunta que se hace Roberto Alvarez, en la última parte de su ensayo publicado en ocho entregas por Acento.
Estas son sus observaciones y recomendaciones:
Ante esta dramática situación, ¿Qué debería hacer el gobierno dominicano?
La realidad es que, como anoté en la introducción de esta serie, las opciones a nivel internacional son escasas. Hasta el momento, las autoridades no han dado señal pública alguna de preocupación, ni que estén tomando medidas concretas ante la situación.
El pasado noviembre se reunieron en Guatemala los cancilleres de El Salvador, Guatemala, Honduras y México para coordinar acciones de protección a sus nacionales en Estados Unidos[92]. Que se sepa nuestro país no se ha integrado a dicho grupo. Urge hacerlo.
El gobierno debería crear una oficina de alto nivel en Palacio Nacional, que coordine todas las instancias gubernamentales, para tratar exclusivamente con las situaciones inéditas y difíciles que la administración Trump generará, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha demostrado en reiteradas ocasiones no estar preparado para tratar con la urgencia, el conocimiento de las circunstancias, la firmeza y el tacto, coyunturas críticas como la actual[93].
En julio del año pasado se adoptó una nueva ley orgánica para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es una oportunidad dorada para renovar las embajadas y, en particular, los consulados en EE.UU., designando funcionarios competentes y debidamente adiestrados para proteger los intereses nacionales y de la comunidad dominicana en el exterior[94]. Lamentablemente, es probable que los intereses políticos partidarios prevalezcan sobre el interés nacional y de nuestra comunidad en EE.UU.
Debería también llevarse a cabo una campaña bien diseñada para visibilizar los costos humanos que conllevan la separación violenta de familias, durante este difícil período de transición. Hay que hacer un llamado urgente a los residentes permanentes, que cumplen con los requisitos, a adquirir la nacionalidad estadounidense a la mayor brevedad posible para aumentar sus derechos y protegerse de una deportación.
En colaboración con México y los países centroamericanos, debería explorarse la posibilidad de multilateralizar el tema de las deportaciones de criminales en una organización como la OEA, no para cuestionar el derecho de EE.UU. de expulsar de su territorio a personas que violan sus leyes, sino para estudiar formas de mitigar los problemas causados por las deportaciones masivas en países como los nuestros, con instituciones y economías vulnerables. En este sentido, se encontraría amplio apoyo de parte de la mayoría de los países del Caribe angloparlante (CARICOM), que también están siendo seriamente afectados por las deportaciones de criminales desde EE.UU.
Al final del día, me temo que las medidas más eficaces que el gobierno dominicano pueda tomar serán de naturaleza doméstica. Prepararse para recibir un mayor número de deportados, adoptando las políticas adecuadas para recibir, reinsertar y darle seguimiento a nuestros repatriados, entre los cuales podrían comenzar a llegar familias con niños. Tomar las medidas, desde ya, para sustituir la paulatina reducción de las remesas -que tarde o temprano- inevitablemente llegará. Iniciar una reingeniería del presupuesto nacional para -realmente- establecer las prioridades en la salud, educación, vivienda, empleo, transporte y apoyo a las poblaciones más vulnerables, decretando una política de austeridad nacional para todo lo superfluo[95].
Tendremos también que lidiar con el “problema” de Haití, para lo cual tampoco hay respuestas fáciles.
Si queremos un futuro sostenible, con programas de desarrollo social para toda la población, será necesario establecer un modelo político y económico que genere mayor equilibrio entre las élites y el resto de la población.
Si lo lográramos, aunque sea forzado por los acontecimientos, tal vez al final del día podríamos estar de acuerdo con el viejo refrán de que “no hay mal que por bien no venga”.
Está en nuestras manos, no en las estrellas.