El caso Odebrecht se ha convertido en una especie de gran resumen de corrupción política y gubernamental en la República Dominicana. Todo ciudadano que ama a su país y que desea mejor suerte a esta nación quiere justicia y desea sanción contra los corruptos. Y que no haya abusos contra personas no comprometidas con los sobornos, siendo injustamente imputadas, pero que tampoco haya exclusiones de personas que sí hayan recibido sobornos.
Como hay tantos intereses en este tema, y tanta presión, es necesario tener pendientes todos los elementos para no cometer errores o no dejar pasar la mentira como verdad ni viceversa. La magistrada Miriam Germán Brito, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, fue señalada y afectada en su honor apenas unas horas antes de que se solicitaran las medidas de coerción contra los imputados como receptores de sobornos. Pese a la seriedad y probidad de Miriam Germán, lanzaron la falsa información de que se habría reunido con el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Hirieron su honorabilidad y ella remitió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia pidiendo que la excluyera del caso Odebrecht.
Desde el punto de vista de la independencia de corrientes políticas y de su experiencia profesional como jueza, era la persona idónea para instruir el proceso Odebrecht en la Suprema Corte de Justicia. Un caso como este corre el riesgo de descarrilarse en cualquier momento, ya sea por presiones, por chantajes, por extorsión o por cualquier razón que el país desconozca. Son muchos los intereses en juego.
Francisco Ortega Polanco es el más joven de todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia, es penalista y se le reconoce seriedad y calidad profesional. Ha conocido en el pasado casos delicados, pero nadie tiene duda en el sentido de que el proceso Odebrecht se convierte en el más importante y trascendente en su carrera como profesional de la justicia.
El abogado Francisco Alvarez Valdez, penalista, ha vaticinado que contra el magistrado Francisco Ortega Polanco se organiza y se pondrá en marcha una campaña de descrédito que dimensiones insospechadas. Ojo con esa denuncia, pues tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público tienen capacidad para investigar y proteger la integridad ética y física del magistrado responsable de instruir el caso Odebrecht.
Alvarez Valdez desde el primer momento en que se informó de la designación de Ortega Polanco dijo creer en él porque era una oportunidad para realizar un trabajo que comience a rescatar la credibilidad y la honorabilidad de la justicia. Entendemos que una denuncia como esta debe ser investigada, y que se debe buscar tanto como sea posible la procedencia de cualquier intento por afectar o interrumpir las funciones que tiene asignada el magistrado juez instructor del caso Odebrecht.
En Brasil han muerto dos personas importantes que han investigado el caso Lava Jato. El primero en morir fue Teori Albino Zavascki, juez, profesor de derecho y Magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Falleció el 19 de enero en un accidente aéreo en Río de Janeiro. Fue el relator de la Operación Lava Jato hasta el momento de su muerte. Y también murió el 30 de mayo el comisario de la Policía Federal de Brasil, Adriano Antonio Soares, quien investigó el accidente aéreo en el que murió el juez Teori Zavascki.
República Dominicana no es Brasil. Las distancias son muchas, y el sistema judicial dominicano debe blindar al juez de instrucción designado para conocer el expediente Odebrecht, porque como hemos dicho son muchos los intereses en conflictos.
Francisco Alvarez Valdez es una persona con credibilidad y es muy probable que sus fuentes sean correctas. Por tanto, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben ponerse de acuerdo para evitar cualquier ataque o intento de chantaje o extorsión, para no pensar en la agresión, contra un juez que debe realizar un trabajo en que la sociedad tiene puesta toda la atención.