La Procuraduría General de la República ha dicho escuetamente que participa de la investigación internacional sobre el soborno pagado por Embraer de Brasil a funcionarios civiles y militares de la República Dominicana por la compra de los aviones Tucano.
Es una buena noticia. Desde hace tiempo se sabe que la justicia de los Estados Unidos investigaba la operación de los Tucano, porque se trata de una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y practicó comercio desleal con este soborno. Los aviones pudieron ser comprados a los Estados Unidos a precios más adecuados.
No es la primera vez que se publica el nombre del oficial Carlos Piccini Núñez como receptor de 3.5 millones de dólares. Que se sepa, la Procuraduría General de la República ofreció una declaración de que estaba interesada en el tema, pero sin interesarse por interrogar a los implicados directamente en la República Dominicana, comenzando por el entonces Ministro de las Fuerzas Armadas, general Peña Antonio, el oficial Piccini y todos los legisladores y políticos que apasionadamente defendían la compra de los aviones para enfrentar supuestamente el narcotráfico.
La pregunta es si la Procuraduría General de la República puede informar al país lo que ha hecho hasta el momento para determinar los responsable del dolo y el daño que se provocó a la sociedad dominicana endeudándola con la compra de esos aviones en 93 millones de dólares. El narcotráfico ha seguido creciendo pese a las promesas que se hicieron de que disminuiría con los aviones Tucano.
Con más cautela que un soldado extranjero en un combate en Siria o un nacional francés en territorio dominado por el grupo Estado Islámico, la Procuraduría General de la República emite este jueves una declaración para que nadie se atreva a pedir información.
Ha dicho lo siguiente:
La Procuraduría General de la República con relación a la información recogida en diferentes medios de comunicaciones nacionales e internacionales sobre la investigación del presunto soborno y fraude en la adquisición por parte del Estado dominicano de ocho aviones Súper Tucano, tiene a bien expresar lo siguiente:
1.- Que existe un proceso de investigación internacional en el que participa la República Dominicana, habiendo mediado al respecto, diversos requerimientos de asistencia recíproca, todo de conformidad con el Artículo 46 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción, así como con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
2.- Que en interés del éxito de la investigación internacional, existe el compromiso formal y expreso de confidencialidad en el presente caso; razón por la cual, por lo menos en este momento, debemos contraernos a la más estricta reserva sobre los detalles del caso.
El problema es que en los Estados Unidos están divulgando información, y no hay tal cautela respecto de la procura de sanciones contra los funcionarios brasileños responsables del soborno a los funcionarios dominicanos.
El problema es que la justicia brasileña tiene en su poder el sometimiento judicial contra seis funcionarios de Embraer, algunos ya separados de la empresa, por haber participado de este soborno, y es público el acceso de los medios de comunicación al proceso judicial que apenas está iniciando.
Estados Unidos se siente perjudicado por el soborno. Brasil es el país de origen de la empresa que sobornó, y la República Dominicana es el país donde se encuentran los funcionarios, algunos ya identificados, que recibieron el soborno. En los dos primeros países hay consecuencias ya para los implicados, pero en el tercero no pasa nada. Nos piden silencio y las autoridades se justifican diciendo que se acogerán a “la más estricta reserva sobre los detalles del caso”.
Esa reserva no ayuda a la transparencia. La Ley General de Acceso a la Información Pública deberá ser reivindicada en este caso, lo mismo que la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión. Fue una ley aprobada en diciembre del 2006, en un gobierno del doctor Leonel Fernández, y hace falta rescatarla y quien tiene más oportunidad y hasta el deber de hacerlo es la Procuraduría General de la República.
El tema de la corrupción nos corroe y nos daña, porque es robarse el dinero del país, pero también nos avergüenza, porque nos coloca como uno de los países donde existe corrupción “rampante” según Transparencia Internacional. No es cosa pequeña lo que nos hace famosos hoy en el mundo con el tema de los Tucano.