Quirino Paulino Castillo es un hombre persistente. Insistió desde los Estados Unidos y cumplió su palabra mucho antes de lo que sus antiguos aliados pudieran imaginarlo.
Se presentó de la forma más natural al Aeropuerto Internacional de Las Américas el sábado en la madrugada, entró al país, que es también el suyo, y se marchó sonriente luego de aceptar tomarse algunas fotografías con personas que lo identificaron. Su camiseta marrón y su sonrisa le daban la apariencia de cualquier trabajador por cuenta propia o de alguna factoría en Nueva York.
Quirino, sin embargo, es una incógnita para la política dominicana y en particular para el partido de gobierno, el de la Liberación Dominicana.
Amigos y seguidores de Leonel Fernández dicen que Quirino es un misil enviado por los Estados Unidos contra el PLD. Otros dicen que es un enviado del narcotráfico internacional contra Leonel Fernández. Y los hay que dicen que Quirino fue conquistado por el Gobierno de Danilo Medina para que viniera a dañarle el sancocho electoral al ex presidente de la República. Sin olvidar que hay otros que piensan que Quirino es un aliado de la oposición, manejado como un títere por la oposición, para destronar al PLD y en particular a su presidente Leonel Fernández.
Quirino no da señales de que desee cambiar el curso de su historia. Ya dijo que tenía una sociedad con Leonel Fernández, que era a quien daba dinero en maletines caros, y que el monto acumulado en la deuda entre ambos es de por lo menos 200 millones de pesos. Ha insistido en esa historia, pese a que los medios tradicionales no le creen ni le acreditan como alguien que pueda hablar, tampoco reproducen lo que Quirino dice. Todo se queda en la radio, en la televisión y en las redes sociales.
La llegada de Quirino el sábado en la madrugada fue una bomba que eclipsó el discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional. Se pudiera pensar que todo fue fríamente calculado. ¿Quién es esa mente sabia, pensante, malévola que manipula a Quirino para estas maldades? Nadie lo sabe. Tal vez es el propio Quirino, sin asesores, o tal vez se trata de un plan que le fue explicado en detalles en los Estados Unidos, que debía ejecutarse sin contemplaciones.
¿Fueron informados o no los organismos de seguridad del Estado de la llegada de Quirino? ¿Había que informar a estos organismos que un ciudadano que cumplió una condena por drogas en Estados Unidos venía de regreso? ¿La Dirección General de Migración -conducida por los Castillo a sus anchas- tenía que ser informada del regreso?
Todo esto huele más a un espectáculo que a una serie de acontecimientos reales, serios, vinculados con la política y con la ética en la República Dominicana. Quirino vinculó a Leonel Fernández a sus actividades, y de paso dice y confirma que le dio más de 200 millones de pesos, pero alguna gentre se niega a creer esa versión y dice que Quirino es alguien sin credibilidad. ¿Tuvo Quirino credibilidad para Estados Unidos?
El tema lo lleva ahora Quirino a las oficinas de la Procuraduría General de la República. Sus abogados fueron la mañana de este lunes a decir que Quirino se ponía a disposición del Procurador. Interesado en declarar sobre los temas que el Procurador desee. Es obvio que el interés de cualquier autoridad independiente, decidida a perseguir el crimen caiga quien caiga es preguntar por las pruebas de Quirino contra Leonel Fernández, Margarita Gómez, Manuel Florentino y Floirentino, Félix Bautista y Ramón Aquino García.
Si Quirino tiene esas pruebas, y está dispuesto a entregarlas, hay caso y el Procurador debe actuar con la misma diligencia que lo ha hecho en otras ocasiones. Si no tiene las pruebas, Quirino es un mentiroso y debía ser procesado judicialmente, no por su pasado de narcotraficante, sino por sus declaraciones afrentosas y mentirosas.
Lo correcto es que el procurador aproveche esta oportunidad, interrogue a Quirino, pregunte por sus pruebas, indague los detalles de los vínculos de políticos con el narcotráfico, y decida proceder judicialmente contra quien corresponda. Esa es la forma de hacerlo de parte de autoridades interesadas en la sanidad pública, y más en casos de tráfico de drogas y de uso del poder para enriquecerse con dinero sucio.