La semana pasada comenté la decisión del Servicio Nacional de Salud (SNS), de eliminar el cobro de copagos en los hospitales públicos, a los afiliados de las ARS, públicas y privadas. Una igualación positiva, ya que los hospitales del IDSS nunca los cobraron.
Pero señalé que esa medida, por sí sola, reducirá los ingresos extrapresupuestarios utilizados por los directores para tratar de mantener el ritmo de servicio, ya bastante precario, según el propio personal de salud. Y recordé el impacto de eliminar las “cuotas de recuperación”, sin llenar ese vacío con una fuente adicional de ingreso.
La falta de recursos agravará la situación de los afiliados, dado que el presupuesto para el cuidado de la salud de las personas es, de por sí, muy insuficiente. Y más aún, si tomamos en cuenta las notables deficiencias en su asignación y gestión, dada la existencia de un personal supernumerario y la subutilización de la capacidad instalada.
Esta situación y resultados justifican mi tesis de que el Estado ha sido el principal privatizador de los servicios médicos. Mientras la atención pública especializada, promedia menos de cuatro horas solo de lunes a viernes, los especialistas del sector privado laboran más del doble y en horarios más cómodos, incluyendo los sábados.
A pesar de que la Ley de Seguridad Social faculta a la red pública a cobrar por los servicios prestados a los afiliados de las ARS, todavía no se ha avanzado lo suficiente. En ese sentido, se han presentado interesantes propuestas técnicas, las cuales, como siempre, han sido mediatizadas, o engavetadas.
La reingeniería implica mucho más que varilla y cemento
Pero, siendo un poco optimista, también señalé que las autoridades están frente a un problema que, como dicen ahora los expertos, constituye una “gran oportunidad” de dar un salto hacia adelante, como han prometido reiteradamente las autoridades, incluyendo al presidente Danilo Medina.
Desde hace tiempo es sostenido, y lo reafirno, que no es posible continuar avanzando en la cobertura real de la seguridad social, sin una verdadera reingeniería del sistema público de salud, ya que la población pendiente de afiliación, carece de recursos suficientes, y vive en condiciones inestables y vulnerables.
No existe ningún país que haya avanzado hacia la universalidad real, manteniendo un servicio público de salud tan deficiente, limitado y discontínuo. En esas condiciones, cualquier intento duplicaría innecesariamente el costo fiscal, lo que explica porque el proceso tiende a estancarse.
Si bien es cierto que las autoridades nacionales han dado pasos positivos, no es menos cierto que todavía no han logrado completarlos y articularlos en una propuesta creible, viable y novedosa, que garantice un mejor posicionamiento en la aceptación popular y en el mercado de la salud.
Nuevamente se presenta una gran oportunidad. Si la integración de la red pública, la eliminación de los copagos, y el remozamiento de los hospitales, fuesen completados con mayor presupuesto, tandas extendidas, e incentivos por resultados, dedicación y desempeño, en poco tiempo el sector público cambiaría su imagen de ineficiencia y pobreza. Y eso sí sería “hacer lo que nunca se ha hecho”.