De nuevo se habla de la necesidad de que se apruebe la ley de partidos políticos, dejada en los archivos del Congreso Nacional una y otra vez.
Esa legislación debe ayudar a mejorar el maltrecho sistema democrático dominicano, en tanto que los partidos son fundamentales para una sociedad que necesita estimular la libre participación de sus ciudadanos en la construcción de su sistema político y la vigencia de los derechos cívicos y humanos. Por lo menos es lo que idealmente se supone.
Pero es necesario tomar en cuenta que no sólo es importante poner reglas claras y firmes sobre las campañas electorales.
Uno de los asuntos que debieron tomarse en cuenta para una legislación sobre el quehacer de los partidos políticos, aunque no se hizo, es el de los privilegios de que disfrutan los partidos y sus dirigentes.
El contribuyente dominicano aporta de sus bolsillos dinero para todos los partidos reconocidos. Pero los dirigentes de esas organizaciones van a los puestos del Estado a servirse con la cuchara grande
Cuando se dispuso que los partidos recibieran dinero del Estado dominicano, luego de las reformas pos crisis política de 1994, la finalidad era que el sistema político no dependiera tanto de los ricos donantes ni del uso ilegal y privilegiado de los recursos públicos en general que administran los políticos cuando están en el poder.
Se buscaba así disminuir los perniciosos efectos del clientelismo, casi siempre financiado con dinero obtenido de manera ilegal de las arcas del Estado, y del rentismo, que tanta corrupción e impunidad produce.
¿Pero qué ha resultado?
Que en lugar de disminuirse o desaparecer, estas aberraciones de la política se han expandido y fortalecido.
Los partidos, grandes y pequeños, siempre que estén reconocidos ante la Junta Central Electoral, reciben financiamiento con dinero público, pero constituyen verdaderas agencias de recaudación de recursos de las más variadas fuentes privadas y estatales.
El contribuyente dominicano aporta de sus bolsillos dinero para todos los partidos reconocidos. Pero los dirigentes de esas organizaciones van a los puestos del Estado a servirse con la cuchara grande, con altos salarios y otros incentivos económicos; planes de retiro que los convierten en verdaderas castas privilegiadas (precisamente, lo que el presidente Danilo Medina advirtió que no se podía permitir). Esto sin hablar de los que son corruptos, y se dedican a hacer fortuna a costas del interés de la población.
¿Y qué decir de los senadores y diputados, con sus barrilito y cofrecito, exoneraciones, financiamiento de juguetes, regalos para las madres y hasta para las habichuelas con dulce?
Si una ley de partidos eliminara esos privilegios abusivos e irritantes, constituiría un gran aporte para el fortalecimiento del Estado de derecho y del aún débil sistema democrático dominicano.