Las prioridades del gobierno se conocen por el presupuesto general de la nación. Donde se coloca el dinero es donde el gobierno tiene interés. Y de ahí sale parte del capital político en que se sustenta la propaganda oficial.
El momento de tomar las decisiones es el octubre y noviembre de cada año, cuando se formula el presupuesto que se presenta luego al Congreso Nacional. Es también ese el momento para demostrar que aquí existe una verdadera separación de poderes y que el Congreso Nacional sabe jugar su rol determinando hacía donde deben ir las prioridades y reclamando al gobierno el cumplimiento de las leyes que se han aprobado con partidas presupuestarias establecidas para organismos descentralizados, como el propio Congreso, los ayuntamientos, el sistema de justicia y el sector educativo. Lamentablemente, los legisladores están atados a los dictados del Poder Ejecutivo, y tradicionalmente el presupuesto general se aprueba tal y como lo remite el Poder Ejecutivo.
El gobierno ha preparado un presupuesto general que contiene, a rasgos generales, una concepción sobre la distribución de riquezas en el país, precariamente desdeñando las políticas sociales, y afianzando el endeudamiento público hasta niveles pocas veces vistos.
Las autoridades preven que sus ingresos ordinarios serán de 602 mil millones de pesos. Pero tienen la seria dificultad de que necesitarán gastar 816 millones de pesos. La diferencia entre ambas cantidades será de 213 mil millones, que serán tomados prestados para financiar el déficit.
Es muy cuestionable que estemos en estas condiciones. El mayor aumento en el presupuesto del 2018 no es para educación, que tiene 152 mil millones de pesos asignados, ni para Salud, que tiene 78 mil millones de pesos asignados. El mayor aumento es para el pago del servicio de la deuda, que será de 135 mil millones de pesos, aproximadamente 20 mil millones de pesos más que el pago que hemos hecho en el 2017, que fue de 114 mil millones de pesos. Y seguimos asumiendo nuevas deudas para pagar los intereses de los préstamos que hemos asumido.
El presupuesto general del Estado se prepara e incumple con varias leyes que asignan partidas a sectores. Los municipios, por ejemplo, a través de la ley consiguieron que se les asigne el 10 por ciento del presupuesto nacional. Ese porcentaje apenas llega al 2%. El poder judicial tiene consignado un 2.66% del presupuesto, pero el Gobierno apenas le asigna un 1% del presupuesto.
Cuando analizamos este instrumento de distribución de la riqueza nacional, que es el presupuesto, nos damos cuenta que refleja poco las aspiraciones de la sociedad dominicana. Por ejemplo, es probable que pocos legisladores cuando estudien el presupuesto lo comparen con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ellos mismos aprobaron y de la cual se vanaglorian. Hay una estrecha relación entre el Presupuesto General y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Estos temas son muy serios y requieren que los legisladores los asuman con mucha responsabilidad, y que piensen en los intereses del país más que en los suyos particulares en los intereses del partido al que representan.
Hará falta que los legisladores de la oposición también desempeñen su función y hagan su tarea de estudiar el proyecto de presupuesto general, y traten de influir en sus colegas para que asuman posturas comprometidas con el futuro de los dominicanos y dominicanas. El camino del endeudamiento que ha seguido el gobierno no es el más recomendable. Una batalla que la sociedad ha perdido es que poca gente habla de la necesidad de mejorar la calidad del gasto público, de reducir las enormes ventajas que el gobierno garantiza a los políticos que ocupan cargos, incluyendo a los congresistas. Con el presupuesto del 2018 no vamos por el camino de la prosperidad ni del progreso.