En el año 2022 el gobierno central ha contemplado un presupuesto de RD$1,155,565.3 millones, y gastos totales por RD$1,046,280.7 millones, con aplicaciones financieras por RD$109,284.6 millones. Las aplicaciones financieras son transferencias temporales de recursos, o préstamos, que se aplican para incrementar los activos financieros. Eso quiere decir que para el 2022 tendremos endeudamiento por casi 110 mil millones de pesos.
Con el acelerado endeudamiento del 2020 y 2021, por la pandemia de Covid-19, el país ha llegado a una situación extrema del 70.5% del Producto Interno Bruto como endeudamiento, con una deuda que supera los 58,873 millones de dólares, y que al finalizar el año podría ser superior a los 70,000 millones de dólares.
Los técnicos y funcionarios que trabajaron el proyecto de presupuesto entregado al Congreso Nacional la pasada semana habrían tenido serios problemas para ajustar el presupuesto, y la demanda de las instituciones, para reducir el monto total del déficit, y hacer más bajo el endeudamiento.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, 12 de los 22 ministerios del Estado estarán recibiendo reducciones en sus asignaciones presupuestarias para poder aumentar las partidas a los programas prioritarios del gobierno.
Los ministerios que recibirán la desagradable reducción presupuestaria son el de la Presidencia; de Hacienda; Salud Pública; Deportes; Obras Públicas; Industria y Comercio; Turismo; Mujer; Cultura; Juventud; Medio Ambiente y Educación Superior. Vicente dijo que este presupuesto plantea un déficit para el Gobierno Central de 3.0 % del PIB, alineado con la consolidación de las cuentas fiscales abocada por la administración de turno para mantener una trayectoria sostenible de la deuda.
Las agencias recaudadoras del Estado han realizado un esfuerzo importante para aumentar sus ingresos, y algunas como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) han impulsado proyectos, como el de amnistía para la revalorización patrimonial, que le han permitido recaudar más de lo que tenían proyectado. La Dirección General de Aduanas realiza un esfuerzo de modernización que también podría ayudar a recaudar más.
Sin embargo, el impacto de la crisis por el Covid seguirá sintiéndose en las finanzas públicas. Especialmente por las recaudaciones del turismo, que se han visto mermadas, y el impacto de la inflación global, que ha demandado más recursos para tener acceso a las importaciones que demanda la sociedad dominicana.
Algunas áreas han sido permanentemente favorecidas por los gobiernos. El monto del llamado gasto fiscal es excesivamente alto. Algunos renglones podrían revisarse. Los economistas y especialistas han desestimado la persecución de la evasión fiscal y la defraudación por múltiples vías, que se utilizan desde sectores ampliamente favorecidos, porque suponen que el monto a recabar podría ser reducido, y que en ocasiones -utilizando una frase popular- “cuesta más la sal que el chivo”.
Hay sectores como el de los combustibles, el de los aeropuertos, y la generación y venta de energía eléctrica, que pudieran revisarse. Detalles de algunos de los manejos que en estas áreas se producen dan ganas de echarse a llorar, y será necesario que las autoridades concentren parte del esfuerzo en describir los entramados procedimientos, y mecanismos, que se han utilizado para disfrazar operaciones supuestamente beneficiosas a la sociedad y evadir el pago de grandes montos de impuestos y dinero público recaudado y jamás entregado al gobierno.
En el caso de los combustibles, las mafias que se han desarrollado merecen una atención particular. El gobierno del presidente Abinader ha asumido miles de millones de pesos semanales del aumento que correspondería hacer a los combustibles, para que la población en general no sufra el encarecimiento de los servicios. Los combustibles influyen en el precio del transporte, del pan, de los productos agrícolas. Pero las mafias de los combustibles son tan voraces que jamás reflexionan sobre las consecuencias de sus acciones.
El sector aeroportuario dominicano, concesionarios y privados, mantiene igualmente operaciones que no resultan transparentes cuando se estudian los datos de la cantidad de personas que utiliza los emplazamientos aeroportuarios y los recursos que ha debido recibir el Estado. Habría que hablar de mafias ya consolidadas, con habilidades mayores creando entramados y sociedades supuestamente sin fines de lucro, para ocultar la evasión de enormes cantidades de recursos, que debieron ir al Estado y que jamás han llegado. Y el sector energía ha demostrado un poder destructivo inusitado por vía del subsidio eléctrico, que es el dinero peor gastado por el Estado, y que al mismo tiempo ha castrado la posibilidad de que los gobiernos puedan intervenir y poner fin a raíces y contubernios altamente sofisticados y mafiosos, a los que no importa el pacto eléctrico ni ninguna otra opción que detenga la hemorragia de recursos del Estado Dominicano en esa área.
Solo se trata de unos ejemplos. El país deberá reflexionar sobre estos necesarios estudios, para determinar quién esconde y quién no recursos que pertenecen al Estado y que no tengamos que endeudarnos nuevamente, para cubrir el déficit presupuestario del 2022, con 109 mil millones de pesos.