El llamado acuerdo de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Educación (MINERD), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), traspasando la construcción de escuelas de la OISOE al MOPC parece un eufemismo, de los tantos que se ofrecen desde las instancias estatales.
La Constitución de la República es la que otorga el rol de constructora o responsable de llevar las construcciones públicas al MOPC. Una disposición del entonces presidente Joaquín Balaguer, mediante decreto, creó dos oficinas paralelas para construcción de obras a cargo de la presidencia de la República: Una oficina constructora y otra oficina supervisora, en donde fueron designados amigos del presidente. Lo que se hizo fue quitarle funciones al Ministerio de Obras Públicas.
El presidente Danilo Medina debe dar el paso directamente. Y asumirlo como lo que es y lo que corresponde: Hay que desmantelar la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, porque ha sido una fuente de corrupción, porque ha sido un lastre institucional, porque ha permitido corroer las funciones del Ministerio de Obras Públicas, y porque ética e institucionalmente ha servido para cobijar bajo su entorno a los grupos más oportunistas y ladrones que han medrado en el Estado.
El mayor emblema de corrupción en ese departamento añadido al Poder Ejecutivo lo ha representado la gestión del señor Félix Bautista, que la dirigió entre el 2004 y el 2010, y que finalizó con un expediente de miles de páginas, preparado por la Procuraduría General de la República, con muchos datos deleznables sobre las actividades irregulares que se cometieron con las finanzas del Estado.
Luis Sifres, Miguel Pimentel Kareh y Francisco Pagán han sido apenas la continuidad de ese desatino, que no se entiende las razones por las que Danilo Medina lo ha continuado. No olvidemos que los fondos aportados por la empresa Sun Land, y que supuestamente se utilizaron en construcciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también pasaron por la OISOE. Y no olvidemos que el arquitecto David Rodríguez García se suicidó en un baño de la OISOE, dejando como nota una denuncia de cómo fue víctima de la corrupción en esa entidad. Corrupción que nunca ha podido ser sancionada, y que los responsables de la misma están totalmente excluidos del proceso judicial.
El acuerdo interinstitucional que se acaba de firmar es un buen paso para cerrar la llave de la corrupción en la OISOE. Una duplicidad de funciones como esta es una vergüenza. Parece un buen signo que el presidente Medina haya autorizado que se diera este paso. Y así como firmó un decreto autorizando el cierre de las operaciones de CORDE y de la CREP, deberá hacerlo, y ojalá que sea pronto, cerrando también la OISOE.
De ese modo se aporta un poco de transparencia a la gestión pública.