El presidente Danilo Medina ha anunciado este miércoles que de nuevo serán enviados a las calles los militares para hacer labores de patrullaje y prevención de delito acompañando a los policías, que son los profesionales en esta materia.
El gobernante, como él mismo explicó, ha reaccionado ante los recientes y más notables casos de delincuencia violenta ocurridos en el país, sobre todo asaltos y muertes, incluyendo los casos de bancos. (Importante es señalar que un asalto a un banco o entidad similar no es un hecho de simple violencia callejera o robo de un ratero o descuidista, sino un delito planificado por delincuentes entrenados, y no precisamente en la calle).
Enviar militares, sobre todo miembros del Ejército de la República Dominicana, a hacer el trabajo que corresponde a la Policía Nacional, no es un recurso nuevo. Es una respuesta vieja para un problema viejo, y que nunca ha dado el resultado que se supone debía producir: combatir el delito a fondo, bajar los niveles de violencia e inseguridad en calles y otros espacios públicos.
Sin embargo, todos los gobiernos suelen echar manos a esta “solución” cuando la ciudadanía muestra preocupación o expresa desconfianza por los niveles de inseguridad y violencia callejeras.
¿Qué hacen las llamadas patrullas mixtas? Regularmente se dedican a establecer retenes o puestos de revisión de vehículos y ciudadanos.
No se sabe con cuáles criterios se eligen los lugares para colocar estos puestos de detención y revisión de vehículos, tampoco se conoce por cuáles motivos se eligen determinadas horas del día o la noche.
Luce que, más bien, esas decisiones obedecen a la discrecionalidad de cada incumbente de las instituciones responsables de hacer cumplir esas disposiciones del Jefe del Poder Ejecutivo, y no a ningún criterio científico ni a algún plan o política de combate a la delincuencia común.
Al pasar las semanas los retenes comenzarán a disminuir, surgirán las quejas de ciudadanos maltratados por “confusión”, uno que otro denunciará que fue obligado a dar dinero a la patrulla y, en general, las protestas por lo molesto que resulta para quien acude o regresa de su lugar de trabajo por el hecho de que le detengan para obligarle a mostrar documentos personales o del vehículo sin ningún motivo ni orden de una autoridad judicial.
Como ocurre cada vez que se despliegan los famosos operativos especiales, patrullajes mixtos, revisiones de vehículos y ciudadanos, es fácil pronosticar qué ocurrirá:
Veremos que empezará con muchos bríos, cada cierto tiempo las autoridades informarán de la confiscación de armas de fuego y blancas, algunas porciones de drogas, retención de vehículos sin la debida documentación, y algún que otro descubrimiento menor.
Al pasar las semanas los retenes comenzarán a disminuir, surgirán las quejas de ciudadanos maltratados por “confusión”, uno que otro denunciará que fue obligado a dar dinero a la patrulla y, en general, las protestas por lo molesto que resulta para quien acude o regresa de su lugar de trabajo por el hecho de que le detengan para obligarle a mostrar documentos personales o del vehículo sin ningún motivo ni orden de una autoridad judicial.
Una vez que disminuyan los titulares de los medios de comunicación, cuando las voces que reclaman “mano dura contra los delincuentes” fijen su atención en otros temas, se retirarán los militares de las calles y todo volverá a la normalidad. Pero seguiremos sin una política de prevención y combate a la delincuencia común.
Y la llevada y traída reforma integral de la Policía Nacional, pese a que se aprobó una ley que requiere decenas de reglamentos, seguirá siendo una lejana, tan lejana que a veces luce imposible de alcanzar.
El patrullaje preventivo es una labor de policías, no de militares, y debe de responder a una política bien planificada de prevención del delito y de auxilio hacia la ciudadanía ante cualquier eventualidad que así lo requiera. Además, debe de ser permanente, y no coyuntural.
De manera que, como medida de efecto, para calmar las críticas, las denuncias y los temores, enviar militares con los policías a las calles resulta conveniente para el Gobierno. Pero no será, ni en lo más mínimo, una solución de raíz ni de largo alcance para un problema que, si bien no es cierto que se haya ido por completo de las manos a las autoridades, ha alcanzado un nivel que preocupa a la ciudadanía.
¿Y las soluciones de fondo para la delincuencia y la inseguridad ciudadana, para cuándo las tendrá y las pondrá en marcha el gobierno?