La ley 63-17, sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad es, al mismo tiempo, la creadora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el órgano rector del sistema de transporte terrestre dominicano, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La directora del INTRANT, Claudia Franchesca de los Santos, ha realizado un esfuerzo extraordinario en su primera etapa para coordinar a todas las entidades vinculadas con este caótico sistema de transporte, muchas de las cuales son responsables, por omisión, del punto al que hemos llegado.
Los estudios que se han realizado en la capital y en todo el país demuestran que una gran parte de los problemas del transporte se resuelven con la aplicación de las disposiciones existentes. El siempre recordado ingeniero Hamlet Hermann hizo consultorías para el gobierno dominicano, que deben estar en manos del Ministerio de la Presidencia, sobre las acciones que debían tomarse para comenzar a poner orden en este caos endemoniado que nos arropa.
Con pocos recursos y mucha voluntad, la directora del INTRANT ha comenzado a dialogar y a presentar sus ideas sobre las medidas que deben ponerse en marcha. Una de las primeras tiene que ver con el cumplimiento de los roles de instituciones que antes eran independientes o corresponden a organismos diversos, como la Presidencia de la República, la Policía Nacional, o los ayuntamientos. Hay resistencia para comenzar a cumplir la ley y que el órgano rector ahora es el INTRANT.
Hamlet Hermann decía que el primer problema a resolver era el de los conflictos de intereses de los funcionarios públicos que, además, eran empresarios de transporte.
Los ejemplos están demás. Solo hay que pensar lo que estaba pasando con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre (OPRET), responsable de la construcción de las líneas del Metro y también de las operaciones y servicios de ese transporte masivo de pasajeros. El gobierno no ha podido con el poder de estos personajes, a pensar de la constancia de las actividades fraudulentas y de las denuncias documentadas que se han presentado. El silencio del gobierno casi hace ruido.
O lo que estaba ocurriendo con la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), donde operaba una mafia con poderes extraordinarios, incluso para mandar a matar abogados.Los intereses son más que visibles, porque hay negocios paralelos o en convergencia con las instituciones públicas. El Estado está siendo robado. Así ha sido históricamente. Hoy no parece existir la voluntad para romper con el robo al Estado y a los usuarios.
La propia Policía Nacional tiene sus particulares intereses con la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), que de entidad reguladora en sus inicios se convirtió en un departamento de la Policía Nacional para controlar el tránsito a algunas horas y en algunos lugares. El papel de la vieja AMET ahora le toca jugarlo al INTRANT.
Si se creó el INTRANT como ente rector no hay que poner más trabas. Es al presidente de la República que corresponde dar la indicación de que la ley 63-17 es de obligatorio cumplimiento para todos los organismos estatales implicados. Tal cosa parece sencilla, pero cada día resulta más claro que a la directora del INTRANT se le siguen poniendo trabas para poner en marcha la ley y para comenzar a tomar decisiones que sean ejecutorias por parte de los diversos organismos estatales. Dan por descontado que nadie los observa, y que la vigencia de la ley que crea el INTRANT es un asunto a largo plazo. Los negocios particulares siguen vigentes, a costa de robarle seguridad vial, transporte seguro y cómodo, además de rápido y eficiente a la ciudadanía.
Si el gobierno tarda en que se ponga en vigencia la ley 63-17 podría hacerse imposible encontrar soluciones a los muchísimos problemas del transporte público de pasajeros. Y a la seguridad de la vialidad, porque no será posible trasladarse de un lugar a otro en la capital dominicana.
Y nos olvidamos que Fenatrado es un monstruo de varias cabezas que mantiene acogotado al sector productivo nacional, a los grupos empresariales que requieren transporte de carga seguro y eficiente. Tampoco debemos olvidar que el presidente y jefe de Fenatrado está preso y condenado por un crimen horrible contra un compañero de política, ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet. Esa gente está acostumbrada a resolver las diferencias a balazos.
El gobierno no debe olvidar las múltiples denuncias de Juan Hubieres y otros líderes sindicales y empresarios del transporte, sobre las docenas de dirigentes choferiles que han sido asesinado por bandas para garantizar el monopolio del caos del transporte.
El gobierno tampoco deberá olvidar que Arsenio Quevedo, presidente de Unatrafin, está siendo procesado judicialmente por encabezar una banda de criminales.
En medio de ese cuadro es que está actuando la directora del INTRANT. Nuestro deseo es que ella tenga éxito, porque el país será ampliamente beneficiado. Pero si el gobierno retrasa las decisiones y el apoyo a la vigencia de la ley 63-17, estaría perdiendo una gran oportunidad de buscar soluciones a este infierno que nos derrite con el caos en el transporte y en la vialidad.