Ante la denuncia de los periodistas Juan Bolivar Diaz, Huchi Lora, Roberto Cavada y Amelia Deschamps, y la confirmación por parte del Ministerio Público en el sentido de interrogar al individuo que públicamente hizo un llamado al asesinato de estos y otros profesionales de la comunicación, lo que más sorprende es el silencio del gobierno dominicano.
Hemos visto la amplia expresión de preocupación y solidaridad por parte de organizaciones dominicanas, incluyendo las entidades periodísticas y de derechos humanos, así como la publicación de un comunicado pagado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y las expresiones de medios de comunicación como el diario Hoy, Listín Diario y otros que han editorializado sobre este asunto.
También se expresaron organismos como Amnistía Internacional, la Federación Latinoamericana de Periodistas, la Organización Internacional de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos de reconocida solvencia pública.
Las hipótesis sobre este silencio podrían ser varias, casi todas muy lamentables y que dejan en serias dudas la responsabilidad de los responsables del gobierno dominicano
Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente para mover al gobierno dominicano a un pronunciamiento del más alto nivel, tratándose como es este caso, de un tema de intolerancia, de odio, de fanatismo y de esquizofrenia política de la mayor dimensión, porque lo que se ha formulado y reiterado es un llamamiento al linchamiento de periodistas dominicanos de altísimo reconocimiento y trayectoria.
La pregunta que cualquiera se hace es por qué no quiere hacer un pronunciamiento el gobierno del presidente Danilo Medina, si todos los días está publicando pésames de personas que mueren, enviando condolencias y cartas a los familiares de los fallecidos, siendo en este caso un factor decisivo que el gobierno rechace de plano, con fuerza los intentos de amedrentar a los periodistas y a los medios de comunicación. Sería muy tarde y lamentable que, si alguno de estos periodistas resultara muerto, sus familiares recibieran una de las cartas de condolencia del presidente Danilo Medina.
Las hipótesis sobre este silencio podrían ser varias, casi todas muy lamentables y que dejan en serias dudas la responsabilidad de los conductores del gobierno.
Una sería que el gobierno no quiere, como tal, asumir responsabilidad porque ya lo hacen por él el Ministerio Público y la Policia Nacional. No es cierto. La Policía y el Ministerio Público hacen su trabajo ante una denuncia, y están obligados a hacerlo y sus actuaciones no reflejan una preocupación del gobierno. El Palacio Nacional se expresa por la vía de un vocero que tiene facultad para representar al presidente de la República, Danilo Medina, pero en este caso se requiere que sea el propio presidente Danilo Medina quien se pronuncie.
La otra hipótesis es que el gobierno no le da crédito a las denuncias ni a las grabaciones presentadas, y que entiende que estas amenazas son sólo una parte de un show mediático como expresó un articulista oficialista del diario Hoy, hace dos días. Si fuera así no haría falta que en privado Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Roberto Cavada y Amelia Deschamps hayan recibido la oferta de protección por parte de organismos de seguridad del Estado. Además, no es esa ni ha sido nunca la actitud de estos destacados profesionales, que no don dados a este tipo de escándalos. Tampoco se habrían pronunciado como lo han hecho tantas organizaciones nacionales y extranjeras.
La tercera y más peligro de las hipótesis es la del miedo. Que el gobierno dominicano no se pronuncie sobre el tema porque tiene a los ultranacionalistas que alimentan e incentivan la campaña de odio contra los periodistas críticos, éticos, responsables y valientes que han asumido siempre la defensa de la patria por encima del interés personal e individual. Ninguno de los amanuenses que pretenden denigrar el honor estos periodistas se les compara ni les da siquiera por los tobillos éticamente, en trabajo en honor de la patria, a personas de la categoría de Huchi, Juan Bolivar, Cavada y Amelia.
Si este último fuera el caso, estaríamos ante un gobierno cobarde, peligrosamente temeroso de su responsabilidad, que estaría dispuestos a aceptar que corra la sangre inocente y útil al país para no afectar afectar sus relaciones con unos sujetos que tampoco respetan al gobierno, al presidente ni a sus funcionarios. Esa es la peor de todas las hipótesis. Una verdadera vergüenza y sería una tragedia para la sociedad dominicana.