Fue Listín Diario el medio que reveló la decisión del gobierno del presidente Danilo Medina de solicitar a las Naciones Unidas la clausura en el país de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y de paso la exclusión del país del representante de ese organismo, el señor Gonzalo Vargas Llosa, por supuestamente realizar campañas en detrimento de la imagen del país.
El antecedente de esa decisión se encuentra en la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en la ley 169-14 y su reglamento autorizado en el decreto 250-14, que establece por un lado una especie de apartheid en la República Dominicana, y por otro lado que lo elimina y reencauza el país por el sendero de los derechos humanos y el respeto del derecho de nacionalidad de miles de personas, que por ser negras, pobres y descendientes de haitianos, estarían siendo segregados.
La Cámara de Diputados se dejó llevar en esa fiebre ultranacionalista, desconocedora de los compromisos contraídos por el Estado y el ánimo de justicia y equidad que anima a todas las instancias de la Organización de las Naciones Unidas, y en un desaguisado histórico y ridículo, aprobó una moción de repudio a la labor realizado por el ACNUR en la República Dominicana.
De acuerdo con la versión publicada por el decano de los matutinos dominicanos, el gobierno dominicano estaría estableciendo condiciones inaceptables para Naciones Unidas, para permitir la permanencia en el país del ACNUR. La primera condición sería la expulsión de Gonzalo Vargas Llosa y las siguientes condiciones incluirían que ese organismo nunca más se pronuncie, apoye, auspicie nada relacionado con los refugiados, ni ofrezca jamás declaraciones a los medios de comunicación ni auspicie actividades de reclamo de respeto de la nacionalidad. Algo verdaderamente insólito.
Desconocemos quién auspicia este tipo de iniciativa, y es casi seguro que no tiene la paternidad del nuevo ministro de Relaciones Exteriores y menos del Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, pues ambos reconocen la responsabilidad del Estado con la comunidad internacional en materia de derechos humanos, y en particular con las Naciones Unidas.
El hecho de que este fin de semana el presidente Danilo Medina haya acudido a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y se exprese como representante de una nación democrática frente a cientos de líderes del mundo, es posible precisamente porque el país ha contraído compromisos de respeto a los derechos humanos y forma parte de una comunidad regional, y de una comunidad mundial, que tiene ese compromiso de defensa en cualquier lugar del mundo.
El presidente Danilo Medina debe desoir cualquier iniciativa para quitar del país organismos como el ACNUR, que tanto en el pasado como en el presente, realiza una labor positiva y valiente, y por supuesto muy necesaria, para que las tendencias recalcitrantes no tengan la oportunidad de establecer una especie de gulag en la República Dominicana.
Flor Rojas. La directora del Instituto Nacional de Migración, ha dado unas valientes declaraciones este fin de semana, afincando el criterio de que la República Dominicana debe cumplir los acuerdos que firma, y en especial los acuerdos que tiene con las Naciones Unidas.
“No podemos estar en contra de esa agencia que trabaja con los refugiados”, dijo que directora del Consejo Nacional de Migración, y tiene toda la razón. Las Naciones Unidas mantiene y financia organizaciones focalizadas en reales problemas que necesitan solución y que requieren de la atención del mundo. En todos los países se dan casos de refugiados y de negación de derechos de estos, y para realizar una labor de justicia en esta dirección se instauró el ACNUR.
Esa es la labor que ha realizado responsablemente en el país Gonzalo Vargas Llosa. Sólo habría que imaginar la ausencia del ACNUR en naciones en donde hay millones de refugiados, como es ahora el caso de Siria y los lugares donde operan los militantes de la organización Estado Islámico. Excluir, por voluntad del Estado, la presencia del ACNUR es igual que solicitar la exclusión de UNICEF, UNFPA, OPS-OMS, PNUD, ONUSIDA y muchas otras de las entidades multilaterales. El Estado ha recibido su presencia mediante un acuerdo y debe respetar las especificidades de esas organizaciones. Intentar imponer limitaciones sería una demostración de intolerancia y falta de respeto a lo pactado, como ha dicho con toda la razón la directora del Consejo Nacional de Migración.
Que se respete la presencia del ACNUR en el país, a menos que se piense establecer otra vez un apartheid y tengamos miedo de que el mundo sea testigo de ese nuevo desaguisado legal en la República Dominicana.