El Estado Dominicano debe asumir una postura más clara respecto a los conflictos que se dan en los organismos estatales sobre temas fundamentales, como la libertad, la persecución del crimen o la coherencia de las políticas públicas.
El jefe de la Policía Nacional, general Manuel Castro Castillo, reiteró esta semana una queja en el sentido de que el sistema de administración de justicia pone en libertad con mucha facilidad a los delincuentes apresados por mucho esfuerzo, trabajo de inteligencia e investigación por sus miembros.
El criterio que impera en el Código Procesal Penal es que la condición normal de todo ciudadano es la libertad, incluso mientras se le investiga por un hecho delictivo. Y los jueces actúan de acuerdo a la calidad y solidez de los expedientes que se les presenten.
Los anteriores jefes de la Policía Nacional se quejaron en iguales términos que el actual del sistema de administración de justicia. Todos, sin excepción, entienden que la justicia no les ayuda en el control del crimen organizado, porque mientras la Policía apresa a los delincuentes los jueces rápidamente los lanzan a las calles.
Castro Castillo, al inicio de año, había dicho que en enero arrestaron a 2,536 presuntos delincuentes, a quienes sometieron ante la justicia, siendo más del 80% por robos y atracos, y una gran parte salió en libertad con gran rapidez. Esa es la queja.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, ha dicho que la justicia cumple su rol y lo hace apegada a lo que dicen las leyes. La justicia es la garante del sistema de democrático y de derechos, y entiende que a nadie se le debe coartar la libertad que la Constitución y los códigos les garantizan.
La queja, sin embargo, podría tener sustento. Son muchos los casos que se conocen, en que una persona investigada por la justicia, en condición de libertad condicional bajo fianza, comete crímenes y delitos. La reincidencia es un agravante para ser condenado, pero si se trata de la comisión de un crimen, siempre habrá un daño irreparable a la sociedad, porque esa muerte puede atribuirse a la “flojera” del sistema de justicia.
Ahora es el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quien se queja de lo que ya la Policía Nacional ha sufrido y reiterado por todos los medios posibles. El mayor general Julio César Souffront Velásquez ha dicho que ese organismo sufre con la puesta en libertad rápidamente de narcotraficantes.
“La credibilidad de las autoridades queda en entredicho, puesto que nosotros nos cansamos de arrestar personas suplidoras de puntos de drogas que, lamentablemente, a las dos o tres semanas están en las calles. Es un mensaje distorsionado a la población, y debemos ser más enfáticos sobre eso”. Eso dijo el presidente de la DNCD, la misma semana que el jefe de la PN dijo algo más o menos igual.
¿No debería el Gobierno tomar parte en esta cuestión y producir un consenso con el sector judicial, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República y sectores vinculados a los derechos humanos, para que haya un acuerdo sobre bases legales y se pauten decisiones que posibiliten una coherencia en las instancias públicas?
El tema no es de ahora. Tiene tiempo en el debate. Hace falta que la PN y la DNCD mejoren los mecanismos de presentación de pruebas, documentación de sus denuncias, y que la justicia sea más estricta en el reconocimiento y acopio de los sometimientos judiciales de esos organismos. Ojalá se pueda lograr.