El 06 de septiembre de 2005, en Montego Bay, Jamaica, los presidentes de entonces, Hugo Chávez y Leonel Fernández Reyna, de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Dominicana, respectivamente, firmaron el ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA PETROCARIBE.
En función de lo firmado, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela suministraría, directamente, crudo, productos refinados y GLP o sus equivalentes energéticos al Gobierno de la Republica Dominicana, siendo financiado una parte cuando el precio del barril excediera los 40 US dólares, por un periodo de pago de 23 años más 2 años de gracia, estableciéndose un total de 25 años, a una tasa de interés del 1%.
Para el pago diferido, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela podría aceptar que parte del mismo se realizara con productos, bienes y/o servicios, establecidos mutuamente, por los que el Gobierno de República Dominicana ofrecería precios preferenciales.
Durante los primeros tres meses del financiamiento, año 2005, la deuda con Venezuela se situó en 159.54 millones de US dólares, alcanzando al 31 de diciembre de 2014, un monto acordado entre las partes de 4,027.30 millones de US dólares, equivalentes a un 2,424 % de aumento, en un período de 9 años.
Durante el 2014, los recursos obtenidos mediante el financiamiento de Petrocaribe alcanzaron la suma de 591.96 millones de US dólares, los cuales, al igual que en los años anteriores, fueron básicamente utilizados en Ayudas y Donaciones de Personas 48 %; Transferencias corrientes a instituciones públicas de la seguridad social, 35 %; Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas, 15 %; pago de intereses, 2 %.
En definitiva, el financiamiento de Petrocaribe se gasta en gastos corrientes y no para el logro de los objetivos de progreso económico y social que sustentaba el Acuerdo, continuando igual en el 2015, que al 31 de enero ha devengado un monto de 31.7 millones de US dólares de un total presupuestado de 650 millones de US dólares de financiamiento con Petrocaribe, todo en transferencias corrientes.
Es relevante ver también el uso clientelar de los recursos provenientes de Petrocaribe, en el 2008, año de elecciones se utilizaron 528 millones US dólares, un 124 % mayor que el promedio de los 3 años anteriores que fue de 236 millones US dólares; igualmente para las elecciones de 2012 se utilizaron 645 millones US dólares, cuando el promedio de los 3 años anteriores alcanzó un monto de 383 millones US dólares.
En este contexto, el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, decide negociar en forma secreta por más de un año con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por su presidente Nicolás Maduro, y el martes 27 de enero de 2015 se cerró una transacción financiera mediante la cual se redimió de forma adelantada la deuda de 4,027.30 millones US dólares acumulada con PDVSA, mediante el pago de la suma de 1,933.2 millones US dólares, lo cual representó un descuento para Dominicana de 52 %, y para Venezuela la obtención de recursos líquidos a una tasa inferior del 10 %, en contraste a la que puede conseguir en los mercados financieros que superan el 20 %.
Para cubrir dicha operación de manejo de pasivos, el gobierno dominicano utilizó la emisión de bonos soberanos por un monto de 2,500 millones US dólares, colocados 1,000 millones de US dólares, a 10 años, a una tasa de 5.50 %; y 1,500 millones US dólares, a 30 años, a una tasa de 6.85 %, que de acuerdo a la ley de Presupuesto General del Estado para el 2015 estaban consignados para financiar gastos y compromisos financieros durante el ejercicio fiscal.
De acuerdo a las autoridades dominicanas con esta operación han logrado reducir la deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF) en 3.3 % del PIB, al obtener un descuento de 2,094 millones US dólares.
Sin embargo, lo que se ha producido es un faltante de 1,936 millones de US dólares en el Presupuesto General del Estado para el 2015, lo cual implica que habría que sustituir por nuevas fuentes de financiamiento, siendo el impacto neto de la operación con PDVSA de apenas 158 millones de US dólares, equivalente a tan solo 0.25 % del PIB.
De acuerdo a la ley No. 527-14, de Presupuesto General del Estado para el 2015, los 2,500 millones de US dólares deberían emplearse de la siguiente manera: 1,262 millones de US dólares en disminución de pasivos; 649 millones en gastos financieros (Intereses + comisiones de la deuda); 376 millones en transferencias corrientes; 190 millones en obras; 16 millones en Bienes muebles, inmuebles e intangibles; 6 millones en contratación de servicios; 126 mil en Materiales y suministros; y 72 mil en remuneraciones y contribuciones.
Si lo analizamos por dependencias gubernamentales, encontramos que a la Administración de la Deuda Pública le corresponden 1,869 millones de US dólares; Administración del Tesoro, 376 millones; ministerio de Educación 149 millones; Obras Públicas 45 millones; Salud Pública 43 millones; y a la Presidencia de la República 18 millones de US dólares.
En conclusión, si bien la operación con PDVSA constituye una buena transacción financiera para el país por el descuento obtenido, no menos cierto es que el gobierno dominicano viola la política de financiamiento aprobada dentro del Presupuesto General del Estado para el 2015, obligando a una modificación de la ley de presupuesto con una redefinición de una nueva emisión de bonos, profundizando el deterioro institucional existente, donde la ley se aplica cuando conviene.