Como había pronosticado los analistas más escépticos, el Poder Ejecutivo observó la Ley del Tribunal Constitucional, para devolverla al Congreso Nacional e intentar que sea aprobada permitiendo que se elimine el requisito de tener menos de 75 años para poder ser miembro de esa nueva instancia del Poder Judicial.
Se trata de una jugada burda, pues de lograrse el propósito del Ejecutivo se violaría el mandato constitucional que ordena para ser juez del Tribunal Constitucional los mismos requisitos que establece para los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, entre los cuales se encuentra la obligatoriedad de retiro al cumplir los 75 años y la imposibilidad de ser elegido para esa instancia si ya se ha cumplido esa edad límite.
Más allá de los compromisos personales que pueda tener el presidente Leonel Fernández, en su condición de cabeza del Poder Ejecutivo, con algunos de los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional, resulta inconcebible la tozudez con que se ha intentado hacer pasar esa violación a la Ley Sustantiva de la Nación, a una Constitución hija de su propia iniciativa.
Y lo que es peor, las pretensiones del partido oficialista y sus aliados es imponer la voluntad del Ejecutivo, según confesó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Martínez, aunque para lograrlo tengan que violar de nuevo el artículo 112 de la Constitución de la República, aprobado una ley orgánica sin la cantidad mínima obligatoria de las dos terceras partes de los legisladores. Ya lo hicieron con la aprobación de la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura.
De aprobarse de nuevo la Ley del Tribunal Constitucional eliminando arbitrariamente el requisito del límite de edad de los 75 años, y de paso aprobándola sólo con los votos de los peledeístas y los reformistas, violando el mandato de hacerlo con las dos terceras partes, asistiríamos a una doble violación de la Constitución de la República Dominicana. Por consiguiente, esa ley sería espuria e inválida.
Con razón reputados abogados, organizaciones de activismo cívico y entidades representativas del empresariado, como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) han advertido del peligroso sendero por el cual se pretende guiar a la sociedad dominicana pisoteando sus leyes e instituciones, y poniendo en entredicho la seguridad jurídica y el Estado de derecho. Incluso se ha hablado de golpe de Estado constitucional.
Y pensar que este trauma es absolutamente innecesario. Y eso lo sabe bien el señor Presidente de la República, Leonel Fernández Reyna.