El licenciado Pedro Corporán Cabrera, director-administrador del Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP) visitó las oficinas de Acento para refutar los datos de una auditoría reseñada por este medio, realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
El licenciado Corporán Cabrera tiene derecho a defender su labor al frente de IDECOOP, pero también está obligado a escuchar lo que dicen los auditores de la Cámara de Cuentas.
Lamentables son sus palabras de desprecio hacia el trabajo que realiza la Cámara de Cuentas, labor que él tira por los suelos y critica con acritud a los medios de comunicación que hacen caso y divulgan el trabajo de auditoría de una entidad de carácter constitucional, vigente desde el nacimiento de la República en 1844.
Pedro Corporán dice que es cierto -¡oh sorpresa!- que desde el Palacio Nacional se pagaron, entre el 2007 y el 2010 alrededor de 302 millones de pesos a un personal que nunca rindió servicios al IDECOOP. Dice que se trató de una nominilla adherida al IDECOOP por la presidencia de la República, en tiempos de Leonel Fernández, y que ni Pedro Corporán ni nadie hubiese podido quitar o excluir de los fondos públicos.
Obvio: se trata de fondos públicos dirigidos a financiar parásitos políticos, que aparecían como inspectores de la presidencia de la República, pero que no rendían ninguna labor. Nadie investigó ese financiamiento ilegal, pese a que Pedro Corporán revela que sometió el expediente ante la Cámara de Cuentas para que investigara. Erró, en ese caso, porque el sometimiento debió hacerlo ante el Ministerio Público. La Cámara de Cuentas no investiga actos de corrupción, sino que actúa como auditor de las instituciones públicas y revela las irregularidades cometidas en los fondos presupuestarios que se les asignan.
El cuadro no puede ser más denigrante y desestimulante para quienes quieren el apoyo del Estado en este renglón
Pedro Corporán admitió que son militantes del partido que dirige (Partido de la Unidad Nacional -PUN-), por lo menos el 50 por ciento del personal del IDECOOP, y que el otro 50 por ciento son personas vinculadas al Partido de la Liberación Dominicana. Tremendo abuso, porque a las funciones públicas deben ir ciudadanos idóneos, con calidad y capacidad para el desempeño de funciones de servicio, y no exclusivamente militantes políticos del partido que preside la cabeza de la entidad gubernamental.
Por ejemplo, Pedro Corporán dijo que solo en Santiago tuvo que cancelar a 16 militantes y dirigentes del PUN, quienes se convirtieron en una especie de asociación de malhechores para engañar a esa entidad. Y que los canceló. Admitió -en un gesto de sinceridad que le beneficia- que con esa decisión desmembró la estructura del PUN en Santiago.
¿Se lo imaginan? En realidad todos los miembros del PUN, o casi todos, los de Santiago eran funcionarios o empleados del IDECOOP, la entidad estatal que regula el cooperativismo del país. Se entiende que el cooperativismo es una labor asociativa, de defensa de la economía particular de personas, productores, pequeños empresarios, que requiere algún rigor. ¿Se especializan los dirigentes del PUN en cooperativismo para ejercer sus funciones o son militantes políticos que por su condición llegan a realizar esas funciones?
El cuadro no puede ser más denigrante y desestimulante para quienes quieren el apoyo del Estado en este renglón del cooperativismo.
El presidente Danilo Medina ha sido un convencido del cooperativismo, y ha hablado con certeza sobre la efectividad del ahorro para reducir la pobreza, citando incluso al premio Nóbel de Economía, Mohamed Yunus, quien demostró que los pobres son más eficientes en el pago de sus compromisos crediticios que cualquier otro sector. El IDECOOP merece manejar criterios más eficientes y menos politizados que los proclamados por el señor Pedro Corporán Cabrera.
Respetamos el derecho del señor Corporán Cabrera a utilizar los criterios que desee al frente del Idecoop, pero se entiende que las normas existen y que el IDECOOP es el resultado de una ley especial. Corporán Cabrera admite que para administrar la entidad no toma en cuenta el programa de Gobierno de Danilo Medina y del PLD, sino que se apoltrona en su propia y particular filosofía de vida y en sus criterios morales y políticos.
Es un caso extraño, en donde queda la impresión de que el Estado está dividido en islas sin ninguna vinculación, y que cada quien en su pequeña isla puede hacer lo que le venga en ganas, sin tomar en cuenta el bien colectivo y los planes del Gobierno Central. El Estado como piñata.