El decreto 16-17 el presidente Danilo Medina ordenó la disolución de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y de la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública (CREP).
La comisión designada la encabeza el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, y la integran José Dantés, director de la Comisión de Titulación de Terrenos del Estado, y Lidio Cadet, director de Ética e Integridad Gubernamental. Esas tres personas tendrán a su cargo, de acuerdo con el decreto, asumir la gestión operativa, administrativa y financiera de lo que queda de CORDE y de la CREP.
Muy bien por el presidente de la República por actuar en este pecaminoso expediente y ordenar que los comisionados demanden la nulidad de ventas de las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155, que son los terrenos donde se encuentra ubicado el barrio Los Tres Brazos, y que habían sido vendidos por CORDE a una empresa a precios de vaca muerta, y que luego pasaron a otra empresa, que comenzó a cobrar a miles de familias ubicadas en el barrio mencionado.
La pregunta es si la comisión designada por el presidente Medina se atreverá a investigar las actuaciones de Leoncio Almánzar, el destituido administrador de CORDE, y de los anteriores directores de ese emporio, con los bienes del Estado, particularmente los bienes inmobiliarios, y el paradero del dinero que obtuvieron con la venta de las propiedades públicas.
El decreto del presidente Medina ordena evaluar los activos de CORDE, por ejemplo, pero no queda claro si se va a evaluar o investigar los activos que fueron vendidos en los últimos 10 años, para poner una fecha razonable, relacionado con el tiempo para que prescriban los casos de corrupción en la administración pública.
Se sabe que CORDE y la CREP tienen en su poder algunos bienes. Eso pasará a ser administrado por la Dirección de Bienes Nacionales. ¿Y los bienes públicos que se vendieron en los últimos años? ¿En qué consisten los contratos de venta? ¿Esos contratos pasaron por el Congreso Nacional? ¿Quiénes son los adquirientes? ¿Cuál relación tenían los adquirientes con funcionarios públicos o con los propios ejecutivos de CORDE?
Se podría pensar que los bienes de CORDE fueron desapareciendo o languideciendo en la medida que pasaban los años. Y es cierto. Y que ha sido mucho el tiempo que los políticos y depredadores han quebrado las instituciones públicas, como Dominicana de Aviación, y tantas otras empresas que formaban parte del consorcio CORDE, y que el Estado adquirió al expropiar las propiedades del dictador Rafael L. Trujillo.
No es así. Entre las propiedades que aún son del Estado o eran recientemente del Estado, hay muchas de gran valor, que deben ser recuperadas o que deben volver a las manos del dueño real, que es el Estado, porque los contratos que se hicieron pueden parecerse mucho al que se firmó con los terrenos del barrio Los Tres Brazos.
La comisión designada por el presidente Medina tiene el mandato para investigar. Ojalá que lo haga, y que lo que corresponde al Estado se retorno a él, y que quienes hicieron esas transacciones, sean quienes sean, sean procesados judicialmente como corresponde.