El gobierno ha decidido profundizar el significado de la presencia haitiana en el país, y luego de haber anunciado que suspendería la emisión de los visados para estudiantes universitarios, decidió indagar una tema que ha sido frecuentemente mencionado por los nacionalistas a ultranzas, como una amenazada a los servicios hospitalarios de salud para los dominicanos.
Las haitianas embarazadas que son atendidas en los hospitales dominicanos, ha sido dimensionado y agrandado. El gobierno andaba buscando un tema al que ponerle frente, no sólo ante la propia comunidad nacional, sino ante los países a los que reclama que asuma su compromiso de ayudar a Haití.
Los datos ofrecidos la pasada semana por el Ministro de Salud, Daniel Rivera, resultan sorprendentes. En los últimos años ha crecido el número de mujeres embarazadas haitianas que acude a los servicios de salud pública de la República Dominicana. Estos datos son preliminares, pero afectan las estadísticas de partidos vaginales y partos por cesáreas, afectan los indicadores de mortalidad materna del país, y desequilibran las estadísticas para la adopción de políticas públicas para mejorar los servicios de salud de las mujeres.
El otro elemento no fue señalado: No todas las mujeres haitianas que acuden a los hospitales públicos dominicanos son residentes en la República Dominicana. Una gran mayoría de las embarazadas haitianas, ante la ausencia de servicios de salud en su país, acuden al hospital más próximo en la República Dominicana.
Son cuatro las provincias preferidas por las embarazadas: Santiago, Distrito Nacional¿ Santo Domingo, La Altagracia. El Ministerio de Salud Público ha dicho que estos servicios generan un costo aproximado de casi 11 mil millones de pesos por año, y que esto afectada a las embarazadas dominicanas que acuden a los hospitales públicos, que son las mujeres más pobres.
La pregunta es si las autoridades haitianas han valorado este servicio y han decidido el silencio ante la realidad de que los hospitales dominicanos le siguen brindando el apoyo a las parturientas haitianas. El desorden es muy grande en Haití, y tal vez no piensan en que las haitianas acuden a los hospitales públicos dominicanos.
Un parto de emergencia ocurre en cualquier lugar. La República Dominicana ha dicho que atenderá solo casos de emergencia de mujeres extranjeras no documentadas, pero que deportará a las mujeres haitianas que vienen al país a parir. Y lo ha estado haciendo. Cientos de mujeres embarazadas están siendo deportadas por las autoridades de migración.
En la decisión del gobierno dominicano entran en juego variables a tomar en cuenta. El ministro de Salud, Daniel Rivera, ha dicho que muchas de las embarazadas llegan solo al momento de dar a luz, y vienen sin historial médico, sin atención previa, y se convierten en partos de alto costo, por el tipo de atención que requieren. Esa es una variable.
La otra es la de la negación de servicios a una persona que se encuentra en nuestro territorio. Es obvio que hay un tráfico de embarazadas y que ese tráfico podría tener manos dominicanos interviniendo y ganando dinero que pagan las embarazadas haitianas. Si existe, habría que investigarlo y detenerlo.
Las mujeres haitianas seguirían tratando de penetrar al territorio dominicano para parir en un hospital donde reciben servicios médicos, atenciones hospitalarias, camas, con energía eléctrica y con cirugías en caso necesario.
Igual lo harían mujeres embarazadas dominicanas en caso de no tener los servicios que hoy tienen -precarios en muchos casos- en su país.
El argumento de violación de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, no es válido en este caso, porque se trata principalmente de mujeres que penetran al territorio dominicano ilegalmente con el propósito de dar a luz, y si fuera posible, obtener documentación regular para sus hijos, cosa que al parecer no tienen en Haití.
No solamente la República Dominicana ha tenido que tomar este tipo de medidas, en caso de mujeres parturientas. Estados Unidos también tomó la decisión de no reconocer a los hijos de mujeres de otros países que dan a luz en su territorio. España también tomó igual decisión, lo mismo que el conjunto de países de la Unión Europea.