El caso Operación Falcón, que investiga a una red de narcotráfico y lavado de activos, ha puesto el dedo en la llaga sobre un grave malestar de los partidos dominicanos: su debilidad ante penetración en sus filas de personas provenientes del crimen organizado y para la recepción del dinero ilícito para financiar las campañas electorales.
En la Operación Falcón han sido expuestos los nombres de los diputados Héctor Darío Féliz, vocero del bloque del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Asimismo, el suspendido director del programa Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, y el senador Héctor Acosta (El Torito), de la provincia Monseño Nouel, entre otras personas.
El oficialista PRM ha tomado distancia de sus miembros o funcionarios que habrían incurrido en los delitos de narcotráfico y lavado, advirtierno que cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos.
El opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha declarado que expulsará a sus dirigentes o miembros que se vinculen con actividades ilícitas, al tiempo que resaltó que hasta ahora los políticos incluidos en el expediente Falcón no son peledeístas.
Por respeto a la ciudadanía, la que aporta los votos para que los candidatos sean llevados al Congreso y otras instancias de la administración del Estado, los partidos políticos no solo debían de expulsar a sus militantes que se asocien con el crimen organizado, están obligados a establecer controles serios para impedir que el narcotráfico y la corrupción se sigan infiltrando y asentando en la política y en las instituciones públicas.
Incluso antes de que los organismos de los partidos decidan las sanciones que impondrán a los suyos señalados por vínculos con el crimen organizado o con la corrupción, los propios dirigentes imputados debían de renunciar a los partidos, a sus puestos públicos y a la política.
Claro, si es que respetan al pueblo al que dicen servir.