Debilitamiento del sistema de partidos
La fragilidad institucional que arropa a la sociedad dominicana alcanza a la mayoría de los partidos políticos. Estas elecciones demostraron una vez más que la mayoría de los partidos existen exclusivamente para venderse al mejor postor dentro del sistema clientelar que penetra por todas partes y en esas condiciones nunca tendrán posibilidad real de ganar unas elecciones. De esa manera hemos visto como el PRSC se ha reducido a la condición fuerza minoritaria con fines de negociación, sumándose a una mayoría que hace lo mismo.
En esta ocasión, la crisis en el sistema partidario ha alcanzado al principal partido de oposición, aunque por circunstancias diferentes. El PRD se encuentra sumido en una fuerte crisis interna que lo mantiene dividido en dos partes, aunque existe un conjunto de dirigentes que hacen esfuerzos por crear una tercera fuerza.
La crisis ha impedido que el PRD realice el papel que le corresponde por la votación obtenida en las últimas elecciones, restando el indispensable contrapeso que debería aportar.
Los principales líderes del PRD han sido incapaces de poner el interés del partido y de la ciudadanía por encima de sus intereses personales de control y se vislumbra un largo conflicto que terminaría de todas formas en la división formal del partido, como ya ha ocurrido otras veces en el pasado.
Desempeño de las Altas Cortes
El año 2012 fue el año de la instalación de las altas cortes. En el Poder Judicial se hizo un cambio de integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y la ratificación de dos de la pasada gestión, de los cuales 9 jueces del ámbito penal conforman la planilla de los 16 jueces de dicho alto tribunal. Este año el Consejo del Poder Judicial fue cuestionado por jueces y empleados administrativos por su actuación poco respetuosa del debido proceso disciplinario. En particular, los jueces fueron sometidos por la toma de decisiones jurisdiccionales vulnerando la independencia funcional de la cual tanto ha luchado la ciudadanía. Si embargo se está en la espera de la revisión del proceso disciplinario tanto para jueces como para empleados administrativos.
Una decisión importante al cierre el año 2012, fue la del Juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, donde ordenó al ministerio público seguir con la investigación en contra del investigado Félix Ramón Bautista Rosario, por presuntos actos de corrupción y revocando el auto del archivo provisional del expediente dictado por el Director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA). A pesar de cualquier recurso procesal, la ciudadanía tiene la esperanza de que tanto la Segunda Sala Penal como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia cumplan con su misión institucional de ser guardianes de la Constitución y de la Ley.
El Tribunal Constitucional inició sus la labores con grandes limitaciones de espacio físico y de personal, lo que justificó en los primeros meses el bajo desempeño. Sin embargo, a pesar de instalarse en agosto en su propia sede, la ciudadanía cuestiona el bajo rendimiento de los 13 jueces, ya que han evacuado hasta el momento de redacción de este balance unas 104 sentencias, hasta el punto de que una acción de inconstitucionalidad sometida por nuestra institución ante la Suprema Corte de Justicia en fecha 2 de septiembres del 2010, y transferida al Tribunal Constitucional el 31 de enero del 2012, a raíz de su establecimiento, todavía no se le haya puesto en agenda para ser conocida.
Participación Ciudadana valoró la decisión del Tribunal Constitucional en que reafirmó que el derecho a la intimidad es un valor del sistema democrático, el cual no puede restringir el derecho al libre acceso a la información pública a riesgo de desproveer a la ciudadanía de herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos.
El Tribunal Superior Electoral fue creado por la Constitución del 2010, inició sus labores con grandes retos frente al escrutinio electoral de reciente celebración, particularmente para cumplir su misión de conocer los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Sus decisiones han sido cuestionadas poniendo en peligro su legitimidad, preocupación manifestada a ese organismo de que imparta justicia de acuerdo a la Constitución y las leyes, y de que trabaje para restablecer la confianza de la ciudadanía para garantizar la democracia interna y el fortalecimiento del sistema de partidos.
Las altas cortes deben cumplir con su misión de administración de justicia, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de los poderes públicos y las debidas garantías de los derechos fundamentales.
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
Existe un alto sentimiento por parte de la ciudadanía en lo referente a la inseguridad ciudadanía. Todos apuestan y más aun el gobierno central, que la solución es la reforma policial. Participación Ciudadana ha manifestado que la reforma integral de la Policía Nacional es parte de una de las soluciones, dentro del sistema de seguridad ciudadana
Los informes de Amnistía Internacional sobre el desempeño de las funciones de la Policía Nacional frente a la ciudadanía manifestaron preocupación y recomendaron impedir el uso abusivo de la fuerza, los arrestos arbitrarios, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en dos sentencias que el Estado dominicano es responsable de violar los derechos humanos de las personas en su territorio. En los casos González Medina y Familiares, y la Masacre de Guayubín, fue declarado responsable por no garantizar los derechos humanos establecidos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
El Estado dominicano se encuentra bajo la supervisión de la Corte IDH en el cumplimiento íntegro de estas dos sentencias, así como la sentencia del caso Jean y Bosica y dará por concluido dichos casos una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en las mismas, lo cual constituye un reto para el Presidente Danilo Medina de que en su gestión se cumpla lo establecido en los tres casos conocidos por ese Tribunal de Derechos Humanos, así como que no se continúen las violaciones de derechos humanos por agentes encargados de cumplir y hacer cumplir con la Constitución y la leyes.
Empoderamiento de la ciudadanía
Movido por el escandaloso uso de los recursos públicos al margen de los procedimientos legales durante el año 2012, el enorme déficit fiscal con el que terminaremos este año, por la corrupción que se generó alrededor del déficit, por la impunidad que se pretende imponer y por haber cargado una vez más sobre los hombros de la ciudadanía todo el peso de la corrupción y el mal manejo de la administración pública, se ha iniciado un movimientos social de protesta que reclama cambios importantes, comenzando por el cese de la impunidad y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes.
Las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía interesada han encontrado en el Movimiento Justicia Fiscal el espacio para articularse, no solo en actividades de protestas sino también en la producción de ideas y propuestas concretas. Otros grupos sociales se han movilizado con las mismas metas.
Aun cuando algunos partidos han apoyado las iniciativas sociales, resulta muy claro que se trata de movimientos articulados desde la ciudadanía, sin compromisos partidarios.
La principal meta de cara al futuro deberá ser levantar la conciencia ciudadana del terrible daño que le hace la corrupción al país, impidiendo crear desarrollo humano, sometiendo la voluntad de la mayoría a las dádivas y prebendas ofrecidas desde el poder.