¿Podría cada año el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, emitir un informe con los nombres de los funcionarios dominicanos que han participado en actividades de corrupción y tráfico de drogas? ¿Si lo hiciera Estados Unidos, sería eso una injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana? ¿Celebraríamos los dominicanos una decisión así? ¿Los nacionalistas celebrarían esa posibilidad o la rechazarían?
Que nadie se extrañe que algo así pudiera ocurrir. El Departamento de Estado rinde cada año un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en la República Dominicana, y también ofrece otro informe sobre nuestro combate a las drogas, y sobre derechos humanos. Esos informes incluyen a muchos otros países, pero también tienen una calificación para la República Dominicana.
El gobierno de los Estados Unidos está dando pasos para incluir en sus informes sobre lo que ocurre en América Latina y el Caribe el tema de la corrupción, con pelos y señales. Y claro que nadie duda que Estados Unidos tiene acceso a esos datos, tanto o más que los gobiernos mismos de la región.
El pasado 26 de julio las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos terminaron de aprobar una ley que obliga al Departamento de Estado a ofrecer cada año una lista de los políticos corruptos y de los narcotraficantes en los países del llamado Triángulo Norte.
El documento especifica que deben ser publicados en una lista “los nombres de altos funcionarios gubernamentales en Honduras, Guatemala y El Salvador sobre los que hay información que han cometido o facilitado actos de gran corrupción o tráfico de drogas”.
La información aparece publicada por la entidad InSight Crime, que da seguimiento a la corrupción y la violación de los derechos humanos en diversos países del mundo, incluyendo la República Dominicana.
La información tiene otros detalles interesantes. Y de inmediato se puede identificar a los promotores de una disposición como esta. ¿Podría el congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat, promover una disposición como esta para identificar a los corruptos y narcotraficantes dominicanos? Sería una prerrogativa suya, si lo considera pertinente hacer algo así, para ayudar a la sociedad dominicana a tener más datos de los que hasta ahora pueden conocerse. Veamos lo que dice el documento:
Lo aprobado esta semana es la modificación a una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional introducida por la congresista demócrata Norma Torres que había sido aprobada por la casa de representantes en mayo. En la primera versión, eran el Pentágono y la Dirección Nacional de Inteligencia las obligadas a informar al Congreso; con la modificación el asunto pasa ya al primer nivel ministerial y se convierte en tema de política exterior estadounidense.
Son tres listas las que el Secretario de Estado, en coordinación con su homólogo en el Departamento de Defensa, debe presentar a los comités de apropiaciones (presupuesto), relaciones exteriores y defensa de ambas cámaras. Las listas serán parte de un reporte sobre “narcotráfico, corrupción y financiamiento electoral ilícito” en los tres países del Triángulo Norte centroamericano.
Ambas secretarías, de Estado y de Defensa, deberán listar también a los individuos que hayan donado a las campañas políticas con fondos “procedentes del narcotráfico u otras actividades ilícitas” en los últimos dos años. También deben elaborar otra lista corresponde a los candidatos que hayan recibido ese tipo de fondos.
Los comités del congreso deben recibir el reporte antes de cumplidos 180 días de la publicación de la reforma legal acordada esta semana por los negociadores de ambas cámaras. Un funcionario legislativo que ha conocido de primera mano las conversaciones en torno a esta ley consideró que esta podría estar vigente en septiembre de este año, lo cual implicaría que el primer reporte debería de estar en el Congreso antes del fin de 2018.
“En los próximos días se espera que ambas cámaras pasen la ley y la envíen al escritorio del presidente. Una vez que el presidente la firme, el Secretario de Estado estará obligado por ley a producir el reporte”, dijo en Washington otra fuente legislativa consultada por InSight Crime.
Es una iniciativa interesante. ¿La Marcha Verde estaría Interesada en impulsarla? ¿Nos quedaremos sólo con la justicia que hace el Departamento de Estado cuando quita visas a funcionarios y a políticos dominicanos?