La entrega del Premio Nacional de Periodismo a Osvaldo Santana, director del diario El Caribe, fue una oportunidad para que el presidente se empapara de las preocupaciones de los periodistas sobre una cuestión que tiene vigencia desde desde hace 55 años, y no ha servido para mejorar la libertad de expresión, sino para limitarla.
Todo gobierno que se considere legítimo y responsable de garantizar las libertades públicas y la libertad de expresión, debe asumir este tema con propiedad y seriedad. La penalización de los llamados delitos de prensa solo conduce a cercenar la libertad de expresión y la posibilidad de un mejor servicio del periodismo al país.
Con sobrada razón el periodismo Osvaldo Santana, al final de sus palabras de agradecimiento por la entrega del merecido premio, exhortó al presidente Danilo Medina asumir la tarea de proponer un cambio en la ley de expresión y difusión del pensamiento, la 6132, y eliminar las sanciones penales y mantener o fortalecer las sanciones civiles por los delitos de prensa o faltas en la expresión y difusión del pensamiento.
En los 55 años que han transcurrido entre el momento en que se emitió la Ley 6132 y la actualidad ha ocurrido nada más y nada menos que una revolución tecnológica que ha transformado las formas de comunicación en el mundo y en el país. Los gobiernos cuidaban antes lo que llamaban “las buenas costumbres”, la “dignidad y la intimidad de las personas” y por supuesto el llamado “orden público”. Esos delitos se cometían por la prensa, la radio y la televisión, de acuerdo con los criterios de los gobiernos.
Todo eso fue transformado. Los medios hoy son mucho más variados y más potentes. A través de un teléfono celular las personas publican opiniones, informaciones, fotografías, videos y expresan pareceres políticos, religiosos, económicos o sobre asuntos internacionales. Todo existe en la internet y en las redes sociales. Esa legislación no se ha actualizado.
Hoy día los delitos de comunicación son muy comunes. Sobre cualquier tema. Sin embargo, el concepto de delito debe ser revisado. ¿Tiene el Estado potestad para intervenir en las comunicaciones entre las personas, por ejemplo, que debaten entre sí cualquier asunto, vía una red social?
Es un debate con muchas aristas. Osvaldo Santana tiene toda la razón, y ojalá que Danilo Medina le haga caso, y el Poder Ejecutivo se convierta en promotor de una propuesta, que podría elaborar el Consultor Jurídico Flavio Darío Espinal, para eliminar la penalización de los llamados delitos de prensa. Danilo Medina ganaría reconocimiento si lo hiciera, pues entre los periodistas y ejecutivos de los medios esa ha sido una demanda que se ha mantenido vigente, y es muy lamentable que Rafael Molina Morillo, por ejemplo, haya fallecido y no haya sido testigo de algo que él mismo promovió con tanto empeño.
Molina Morillo fue coordinador de una Comisión para la elaboración de un Código de las Comunicaciones. La designación la hizo mediante decreto el doctor Leonel Fernández. La propuesta del equipo coordinado por Molina Morillo recomendó a Leonel Fernández lo que ahora individualmente está solicitando Osvaldo Santana. Leonel Fernández se guardó aquel documento, y aún mantenemos vigente la penalización contra los comunicadores.
Es insólito que hoy día el país mantenga entre su normativa jurídica la prisión como sanción para cualquier persona por decir u opinar en una u otra dirección. Lo deseable es que Danilo Medina se gane la gloria entre los periodistas, haciendo caso a la propuesta que le hizo Osvaldo Santana. Si Leonel no lo hizo es probable que Danilo puedas hacerlo.