La Orden Departamental 33-19 del Ministerio de Educación del 22 de mayo pasado desató un reperpero inexplicable. El “juidero” es prueba fehaciente del terror que tienen los poderes fácticos del país a la construcción de la dignidad humana.
Con razón muchos tratadistas han decidido no dejarle el tema al Ministro Antonio Peña Mirabal y le salieron al paso a los detractores. —Llama la atención la inconsistencia de los grupos nacionalistas que abrazan la teoría conspirativa global inventada por la “internacional nacional-populista” para combatir una supuesta “ideología de género”–, afirmo Eduardo Jorge Prats en su cuenta Twitter.
La Ley General de Educación, 66-97, Art. 217, literal c, señala: “Como complemento de las leyes, decretos y reglamentos que emanen de los poderes Legislativo y Ejecutivo, en materia educativa, se establecen las siguientes normativas legales para la Dirección del Sistema Educativo” y entre estos instrumentos jurídicos se establecen principalmente dos: Ordenanzas del Consejo Nacional de Educación, Ordenes Departamentales, Resoluciones y Disposiciones del Secretario de Educación y Cultura…”.
Los objetivos de la Orden 33-19 son:
- “Declarar como prioridad el diseño y establecimiento de la política de género en el Ministerio de Educación en los diferentes niveles, sistemas y subsistemas de la Educación Pre-Universitaria, en sus planes, programas, proyectos, estrategias pedagógicas y actividades administrativas.
- Propiciar herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para la construcción de una educación no sexista entre los y las diferentes actores y actoras del sistema dominicano.
- Velar para que se promueva el enfoque de género desde el currículo educativo que permita evaluar el desarrollo de las competencias fundamentales de los y las estudiantes.
- Trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estratos, y de lo cual no escapa el sistema educativo y sus diferentes actores”.
Según señala la ordenanza en su Art. 6, la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo del MINERD tiene “un plazo no mayor de 60 días para la presentación de la metodología y el cronograma de trabajo para el proceso del diseño de la política de género del MINERD y el Sistema Educativo Pre Universitario”. Además, en el Art. 3 propone que la Dirección de Equidad de Género se haga de la “asesoría acompañamiento de dos viceministerios: Planificación y Desarrollo y el de Servicios Técnico-pedagógicos”.
El Art. 4 dispone que el Ministerio de la Mujer funja como asesora externa. El Art. 5 agrega “dos instituciones universitarias que están trabajando, desde hace bastante tiempo, el tema de la educación para la equidad de género: “El Instituto de la Mujer y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)” y “El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)”. Estas instancias participaran en el proyecto de diseño de la política de género aparte de la que agregue la Dirección de Equidad de Género del MINERD.
Cabe resaltar que la Orden 33-19 viene desde los inicios del presente siglo. La Resolución No. 3599-2004 del MINERD, del 4 de noviembre del 2004, señala en el Art. 2: “Se pone en vigencia el eje género en la Educación que establece la incorporación de la perspectiva de género en el currículo dominicano en todas sus áreas programáticas, niveles y modalidades” y agrega, “Se Instruye a la Dirección General de Currículo y al Departamento de Educación para la promoción de la Mujer (Educ-Mujer) a poner en vigencia en todo el Sistema Educativo dicho eje”.
Acento.com.do señala en un reportaje titulado: “Falta de respeto por la palabra empeñada” que “Pavel Isa Contreras o Patricia Solano, uno de los dos, se encargaron de mostrar la evidencia. Se trató del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, en el que aparecen las firmas de los líderes políticos y religiosos que hoy rechazan la Orden Departamental 33-2019, firmada por el Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, para establecer la metodología que se utilizará para poner en marcha una educación inclusiva, que incluya la equidad de género”.
Y remacha Acento, “Conocido el documento, con toda la legalidad y la formalidad que una disposición como esta requiere, los líderes políticos y religiosos se han atrincherado para denostar la disposición, y la han tergiversado, han presumido que se trata de un documento con intenciones ocultas, y los más osados han dicho que se busca con ella adoctrinar a los estudiantes para que se conviertan en homosexuales y a las muchachas para que pasen a ser lesbianas. Hasta ese punto ellos llegado”.
¿Por qué el resuello ensordecedor de los ultranacionalistas, las cúpulas de las iglesias católica y evangélicas y algunos sectores internos (casi externos) del partido gobernante?