Un funcionario público, que dirige una de las entidades de servicios de transporte, fue acusado por el Ministerio Público de encabezar una red criminal utilizando los recursos y estatales, y que alrededor suyo otros funcionarios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), fueron los autores de un horrendo crimen contra el abogado Yuniol Ramirez. Lo sacaron de un aula en donde daba clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo secuestraron, lo introdujeron en un vehículo oficial, le dispararon en la cara, lo ataron a un block con una cadena, lo esposaron en la espalda, y lo lanzaron a una cañada en Manoguayabo.
El pasado domingo el Ministerio Público y la Policía Nacional ofrecieron las primeras informaciones sobre quiénes fueron los responsables del hecho criminal. Acusaron al director de la OMSA, ingeniero Manuel Rivas Medina, de encabezar al grupo criminal y lo pusieron en prisión. La jueza responsable de la Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, Leonarda Quezada, dictó medidas de prevención de un año de prisión para tres de los imputados, mientras se determina la responsabilidad de un empresario, Eddy Rafael Santana, en los hechos y se consigue la captura del ejecutor material del abogado, Argenis Contreras González.
Es muy lamentable, y corresponde al gobierno del presidente Medina hacer la revisión, que desde el 2010 la Cámara de Cuentas no haya realizado ninguna auditoría a la OMSA. Y que Manuel Rivas fuera designado en agosto del 2012 en la OMSA y que aún hasta el 13 de octubre se mantuvo al frente de esa entidad.
Nadie se dio por enterado de las diabluras que en la OMSA se estaban cometiendo, utilizando el poder otorgado por el presidente de la República. Ni la Contraloría General de la República, ni el Ministerio Público, ni la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental se dieron por enteradas nunca de las denuncias que se hicieron sobre la corrupción en la OMSA.
Juan Hubieres, presidente de la Federación de Transporte la Nueva Opción, dijo haber denunciado la corrupción en la OMSA, y nadie quiso investigar sus revelaciones. Diario Libre publicó un reportaje en el 2013 sobre los manejos turbios de la OMSA en los arreglos de los vehículos para el servicio de transporte. Tampoco hicieron caso.
Ninguna institución pública de este país se siente obligada a actuar cuando hay denuncias de corrupción. La falta se sensibilidad, por un lado, la indiferencia por otro, son los principales amigos de la impunidad en el Estado. El propio presidente de la República, con el poder que tiene, puede perfectamente pedir cuentas o enviar al asesor de transporte a pedir cuentas, cuando ocurren denuncias con visos de veracidad. Pero nada ocurre.
Y por eso vienen las tragedias. Como ocurrió con la OISOE, o pasó con el Consejo Estatal del Azúcar, y ha pasado con muchas otras instancias dirigidas por personas que nunca se acostumbraron a rendir cuentas. La existencia de mecanismos formales de rendición de cuentas, las auditorías o los informes de los ejecutivos son meros formalismos que en nada contribuyen a la transparencia.
La auditoría del 2010 de la Cámara de Cuentas a la OMSA determinó numerosas irregularidades, pero luego de entregado el informe de los auditores nada ocurrió, no hubo cambios ni correcciones a los manejos detectados que estaban fuera de las normas contables del Estado.
Se podría decir que en nombre del Estado actúa, en este momento, el Ministerio Público. Y que el presidente de la República no tiene nada que decir sobre esto, luego de haber firmado el decreto de designación de Manuel Rivas. Total, el presidente firma todos los decretos de designación de los funcionarios del Estado, una gran parte de los cuales comete irregularidades, designa familiares, altera presupuestos, y se enriquecen con el Estado, creando compañías que brindan servicios a las instituciones que dirigen, pero que están registradas a nombres de testaferros, como ocurrió en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte en el largo período que la dirigió Diandino Peña. Y nada ha pasado ni pasará.
Sin embargo, cuando hay una tragedia como esta, el presidente de la República debe expresarse, debe hablar con la sociedad, reconocer sus actos como propios, aunque el designado lo haya engañado… Y dar la cara como jefe del Estado que es. Va quedando la impresión de que el presidente es ajeno a todo cuanto esta tragedia implica. Y como cabeza del Estado es él el gran responsable de sus designaciones.