Muchos temas entran y salen del debate en los medios de comunicación, sin que se produzcan algún desenlace lógico o vinculada con decisiones gubernamentales.
Uno de esos temas está relacionado con la decisión del presidente Danilo Medina de que los funcionarios del gobierno entregaran al Ministerio de Hacienda los vehículos de alto consumo de combustible. Las ventas no se produjeron, apenas se trató de un anuncio para dar la impresión de un gobierno austero, y por las calles de Santo Domingo y las principales provincias se desplazan los funcionarios en jeepetas inmensas.
Otro anuncio está relacionado con los salarios de los funcionarios del gobierno que se autoasignaron elevados montos en las instituciones que dirigen. Se aprobó una ley que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, se establecieron rangos de salarios para los administradores, gobernadores, ministros, directores generales. Eso tampoco ha servido de nada. Seguimos teniendo el mismo desorden salarial.
Otro tema que se debatió ampliamente en julio pasado fue el de la entrega de nuevas declaraciones juradas de bienes para los funcionarios del gobierno, miembros de consejos oficiales y otras instancias, de acuerdo con la nueva ley 311-14.
El 8 de julio de este año, a las 4 de la tarde, de acuerdo con la Cámara de Cuentas, sólo 144 funcionarios había cumplido con la ley entregando declaraciones juradas de bienes, faltando un total de 1,390 funcionarios por entregar el documento, entre ellos los embajadores, cónsules, ministros consejeros, entre otros.
No hemos sabido más nada de este otro incumplimiento. Los tres casos que presentamos tienen relación directa con el poder ejecutivo. Es el presidente de la República que decidió la venta de los vehículos de lujo del gobierno. Es el presidente de la República quien tiene guardado desde hace dos años el reglamento de la ley de salarios del sector público, y es el presidente de la República quien debe disponer la cancelación de los funcionarios que no entregaron la declaración jurada de bienes.
La ley es la ley y debe cumplirse, sin importar a quién le duela. Es el presidente el principal responsable del cumplimiento de la ley. La Democracia dominicana necesita de ejemplos positivos, de consecuencias para quienes decidan pasar por encima de las leyes.
Lamentablemente el ejemplo que está quedando es el del ex diputado de Puerto Plata, Alfonso Crisóstomo, más conocido como El Querido, quien se pavonea de violar la ley, de hacer trasladar a una dotación de agentes de tránsito de su provincia, y de que él defiende el derecho que tiene como líder político, porque se faja a buscar los votos para las elecciones. Mal ejemplo.