Este lunes, en un tribunal de primera instancia, se reinicia el caso de los sobornos pagados por Odebrecht en la República Dominicana, entre 2001 y 2014, por un monto de 92 millones de dólares.
El caso ha sido llevado y traído, y aparentemente investigado por las autoridades del pasado gobierno. República Dominicana jugó un rol importantísimo en la trama diseñada por Odebrecht para su departamento de Operaciones Estructuradas, que operó también desde nuestro país, con el pago de sobornos en diversos lugares del mundo.
Fueron numerosas las exclusiones, se sospecha, y las inclusiones de personas que no debían estar en el proceso. Al final quedaron cinco personas imputadas. Nunca se hizo una negociación con el principal personaje de la trama, Angel Rondón, y ni siquiera sabemos los sobrenombres que se utilizaron en la empresa para el pago de los sobornos. Solo se han conocido tres “codenomes” en el país, pese a que firmamos un acuerdo, avalado por un tribunal, para no procesar a ningún funcionario de la empresa brasileña, a cambio de revelar los nombres de los receptores de los sobornos. Nunca cumplió ese acuerdo.
Como el proceso fue abierto y llegó a un punto de no retorno, la Suprema Corte de Justicia optó por remitir a primera instancia a cuatro de los imputados, y el quinto, dejó de ser senador, y seguirá la misma suerte de los demás, en un juicio que ya tiene una decisión de un juez de la SCJ que investigó y dictó sentencia sobre el número de imputados y las pruebas que se pueden utilizar en el proceso.
¿Es creíble, en estas condiciones, el inicio del proceso penal y la decisión final que pueda adoptar la justicia dominicana?
¿Podría abrirse otro proceso contra los que se encuentren involucrados en el caso Punta Catalina, la mayor inversión realizada por el Estado Dominicano, y que ya cuenta con un dictamen del ministerio público del pasado gobierno, en el sentido de que en esa obra no hubo pago de sobornos?
¿Y los 55 millones de dólares que el Consorcio Internacional de Periodistas determinó que se pagaron en República Dominicana, sobre la obra Punta Catalina y otras más que se iniciaron, y que 39.5 millones de dólares se pagaron como sobornos por actos relacionados con las plantas de carbón, y otros 15.5 millones de dólares se habrían pagado en Obras Públicas?
El poder judicial tiene una gran responsabilidad en este caso que corre ahora bajo su sombrilla, con un cambio de gobierno, y con actos que están cuestionando seriamente las limitaciones que pudiera tener el juicio, si en las audiencias los que se encuentran son personas que bien pudieran, excepcionalmente, ser una excusa para debilitar la sanción sobre los verdaderos culpables.
El país seguirá con atención el inicio en primera instancia de este sonado caso. Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, se ha inhibido de ser parte del proceso, pero ha encargado a funcionarios de su área mantener las acusaciones y dar seguimiento en nombre del Estado, como corresponde.
El interés en Punta Catalina seguirá pendiente, en caso de que se realice una investigación sobre los costos de la obra y si hubo o no sobornos para su construcción. Está completamente en manos de las actuales autoridades, que han sido críticas desde que la obra se concibió. El administrador de las plantas, Serafín Canario, deberá evitar entregar una carta de descargo a los miembros del consorcio constructor de la obra, porque él sabe muy bien que hace falta realizar las pruebas Verope a esas plantas, y esas pruebas no se han realizado aún. El Grupo Canario, que ganó la licitación para esas pruebas, recomendó que no se recibiera la obra sin que las pruebas se hicieran. Como administrador de Punta Catalina, ahora, Serafín Canario tiene la responsabilidad de cumplir con su propia recomendación, y de ese modo servir al país con entereza y responsabilidad. Sabemos que hará lo correcto.