Las empresas brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez son de las más grandes de América Latina en construcción de infraestructuras, energía y desarrollo industrial. La más importante de todas es Odebrecht, que tiene presencia en 21 países y cuenta con más de 150 mil empleados.
La pasada semana las autoridades de Brasil, que investigan una operación fraudulenta con la asignación de obras estatales de la empresa PETROBAS, decidieron el apresamiento de 59 personas del mundo empresarial, entre ellas los ejecutivos principales de Odebrecht y Andrade Gutiérrez, señores Marcelo Odebrecht y Octavio Acevedo.
Las dos firmas han salido en defensa de su honorabilidad y negado los cargos. Están decididas a colaborar con las autoridades en la profundización de la investigación Lava Jato, pero acusan al Ministerio Público de actuar de forma abusiva y precipitada, sin que hubiese peligro de fuga o sin que haya habido negativa de estos empresarios a colaborar con la investigación.
No es un simple proceso penal. La investigación judicial ha implicado en primer lugar la carrera de varios funcionarios públicos, políticos, líderes del partido de gobierno de Brasil, y hasta ha salpicado a la presidenta Dilma Rousseff y al ex presidente Luis Ignacio Lula Da Silva.
Cuando un país actúa como lo hace Brasil, y su poder judicial pone en cuestionamiento la honorabilidad y estabilidad del poder empresarial y político, significa que se encuentra en una etapa sólida de su democracia.
Con esta investigación Brasil está demostrando que tiene instituciones sólidas, que está empoderado como Estado de derecho y que el bien público y la salud de la transparencia sobrevive a las presiones y a las influencias de los poderes fácticos.
Si alguien se creía por encima del bien y del mal, si algún empresario de los apresados pensaba que podría burlar la investigación judicial, se equivocó y podría estar pagando las consecuencias, en este caso inmediatas con el mantenimiento en prisión, y a largo plazo con un desprestigio del conjunto de sus operaciones tanto dentro como fuera de Brasil.
Costa Rica ya lo hizo en la región de Centroamérica con el apresamiento de su ex presidente Miguel Angel Rodríguez, recién electo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando lo mandó a buscar a Washington para investigarlo sobre una coima recibida de una empresa de telecomunicaciones. Estuvo preso y dejó el cargo que apenas recién estrenaba en la sede la OEA.
La pregunta es, si tenemos una democracia dominicana de la que nos sentimos orgullosos ¿por qué la justicia no puede actuar del mismo modo que lo hacen países con menos tiempo de democracia que nuestro país? Brasil estuvo gobernado por dictaduras militares, como lo estuvieron Chile, Perú, Argentina. Y en todos esos países hay sistemas de consecuencias para los corruptos o para las denuncias de corrupción.
Es probable que Brasil haya decidido irse por la cúpula de las organizaciones empresariales Odebrecht y Andrade Gutiérrez, para trazar el ejemplo de la tendencia que desea seguir en el tema de transparencia. Nadie está por encima de las investigaciones estatales sobre soborno. Ahora no hay manifestaciones en las calles contra la corrupción, como las hubo hace un tiempo contra la presidenta Dilma Rousseff y los dirigentes del Partido de los Trabajadores. Ahora se investiga y se quiere llegar al punto de origen de las asignaciones de contratos multimillonarios, con licitaciones de por medio y competencias entre empresas de incidencia y poder económico.
Está por verse hasta dónde llegan las autoridades brasileñas con esto. Ya hay quienes desean que en la República Dominicana se investiguen licitaciones y otros negocios de Odebrecht y Andrade Gutiérrez, como si fuese un hecho cierto e irrefutable que lo investigado por las autoridades de Brasil es una conducta confirmada en todas partes en las empresas objeto de la investigación. Si hay casos concretos dominicanos que deban ser llevados a los tribunales que se inicie el proceso con las normas y las pruebas que demanda la justicia dominicana.
No hay que precipitarse, ni querer poner los bueyes delante de la carreta. Tiempo habrá para que Brasil cumpla su debido proceso, respetando el derecho de los empresarios investigados, y permitiendo que ofrezcan sus versiones de los hechos, como ya ha comenzado a fluir de parte de las dos empresas bajo cuestionamiento.
Lo lamentable es que aquí no se permite ni siquiera la investigación, y cuando apenas el Ministerio Público la inicia, viene un juez de la Suprema Corte de Justicia y detiene todo, diciendo que a los políticos no se les investiga ni se les castiga. Una barbaridad.