Dos firmas extranjeras firmaron un acuerdo confidencial con una dominicana para repartir beneficios en caso de ganar una licitación del Estado Dominicano, por vía de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
El gobierno resolvió la licitación asignando la obra, dos plantas de generación de 300 megavatios cada una, en base a carbón mineral, al consorcio Odebrecht-Tecnimont, que obtuvo la mayor calificación.
Hay razones de tiempo en este proceso. Si se le presentan obstáculo, el presidente no podría cumplir su compromiso de aumentar la generación eléctrica y resolver el déficit energético del país antes de entregar la administración pública a quien le sustituya.
Hay quejas sobre el daño ecológico que causarían las dos plantas en Punta Catalina, de Baní, y existen organizaciones de ecologistas y partidos políticos que han presentado objeciones a las intenciones del gobierno. Eso es normal.
Incluso hubo un proceso legal de paralizar la ejecución de la obra, por vía del Tribunal Superior Administrativo, y le dieron ganancia de causas a los objetores. Rubén Jiménez Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, dijo que la obra sigue su curso normal, porque la decisión está dirigida a indagar el proceso de licitación.
Lo más grave es que las opciones que se han presentado van acompañadas de sabotaje a las gestiones para completar el financiamiento del proyecto. El gobierno de Brasil ha limitado la posibilidad de financiamiento a por lo menos la mitad del costo de las obras, porque acaba de salir del mundial de Futbol y se prepara para las Olimpiadas Mundiales del 2016. Brasil tiene elecciones y hay mucha presión.
Estados Unidos demostró tener interés en que la base de la generación fuera gas natural, y ofreció apoyo y financiamiento. Legalmente el gobierno o los organismos como el Eximbank no pueden financiar plantas de carbón. Otros organismos como el BID y el Banco Mundial tienen limitados sus recursos.
Italia podría participar del financiamiento, pero si hay objeciones legales esa posibilidad se esfuma. Italia podría financiar por un límite de 10 años, dado el buen crédito del gobierno dominicano. El peligro es que se ha desacreditado mucho el proceso de licitación. La empresa dominicana que firmó el acuerdo con las firmas que perdieron, la coreana Posco y la brasileña Andrade Gutierrez, recibiría beneficio por el orden de los 152 millones de dólares.
Ozoria y Andrade han aclarado que no tienen intereses en el tema, y que no están objetando el proceso, que perdieron y se han quedado conformes. El peligro que conlleva el curso de este proyecto es que el costo de instalación de las dos plantas suba indefinidamente, y que se convierta en inviable. Así ganarían los que perdieron la licitación. Y perdería el gobierno, que no completaría su obra.
Muchas objeciones se podrían hacer a la forma en que se administró la licitación. Una empresa norteamericana, Stanley Consultants, fue contratada y certificó las calidades de las propuestas. El costo variaba mucho en una de otra propuesta. Fueron muchos los factores que se tomaron en cuenta. Ahora, sin embargo, el gobierno sufre una realidad: La gente no se resiste a perder, y más si siente que el gobierno no es firme en sus decisiones.
Hay mucho para seguir discutiendo. Y aclarando.