El presidente Danilo Medina decidió objetar el Código Penal convertido en Ley por el Congreso Nacional. La devolución abre un compás de espera para que los legisladores reflexionen sobre lo que hicieron y decidan transitar un camino correcto. Deben agradecer que el presidente les haya colocado en condiciones de rectificar una barbaridad que cometieron contra las mujeres dominicanas.
El Código Penal es una pieza importante de la estructura jurídica dominicana, y forma parte de las políticas públicas, además de ser un instrumento para alcanzar propósitos de bienestar y mejorar la convivencia. Por tanto, no es posible que ese instrumento sea utilizado para cazar objetivos ideológicos o religiosos, si ya la Constitución Dominicana definió el Estado como laico y no sujeto a ningún credo.
El Senado de la República violó un compromiso con la sociedad, pues pese a convocar a vistas públicas y lograr un consenso alrededor de temas cruciales del Código Penal, luego de pactar esos consensos, se fue de aposento con un representante de la Iglesia Católica, y en la intimidad acogió lo que quiso el sacerdote Manuel Ruiz, eliminando el feminicidio, bajo la idea de que habría que colocar entonces el masculinicidio, y abolió el principio conocido como Estado de Necesidad, en los casos de aborto cuando era para salvar a la madre o cuando el embarazo ocurría por un incesto o una violación.
La Cámara de Diputados hizo bien inicialmente, y acogió el Estado de Necesidad, y el presidente de los diputados Abel Martínez explicó se trató de un gran esfuerzo para que quedara registrado como ellos lo aprobaron, porque era legal y constitucional, pero en el Senado cambiaron la aprobación de los diputados. Cuando el proyecto retornó estropeado a la Cámara de Diputados, lo acogieron porque supuestamente era urgente salir del tema. Y que debía ser acogido como lo enviaron los senadores. Esa fue una rendición sin sentido y hasta cierto punto vergonzosa.
En este sentido hay que decir que el Congreso en conjunto, con una responsabilidad mayor del Senado y de los senadores Reinaldo Pared y Cristina Lizardo, actuó de espaldas a lo que siempre han proclamado, en el sentido de que defiende a las mujeres, que conocen sus reales problemas y que desean legislar para que no haya tanta barbaridad jurídica que perjudica por razones de género a las mujeres. Y optaron por crucificar a la mujer, en especial a las más pobres, que son las que tienen que acudir a los hospitales a recibir los precarios servicios de salud que brinda el gobierno.
La decisión del presidente Medina es valiente y salva el honor de las autoridades. Sobre las espaldas del gobierno caería una gran cantidad de tragedias de muertes de mujeres que serían afectadas, porque el Colegio Médico Dominicano anunció que sus miembros no atenderían a mujeres embarazadas que estuvieran en peligro, por los criterios medievales establecidos en el Código Penal. Hizo bien el presidente Medina y hay que celebrar su decisión, porque es justa y pone en evidencia que él entiende el drama por el que pasa la sociedad dominicana.
El drama no se resuelve adoptando un código ancestral. En el país se practican cada año cerca de 100 mil abortos ilegales. La forma de hacer frente a ese tema no es sancionando a los médicos, estableciendo prisión o anulando su exequatur. Hay que aplicar políticas públicas como lo han hecho todos los países, con excepción de tres o cuatro, entre ellos la República Dominicana: hay que legalizar el aborto. Y si se quiere establecer causales como el incesto, la violación o el peligro de la vida de la madre, que se haga. Que no se impongan los criterios fundamentalistas, como han querido imponer los grupos más activos del clericalismo.
En caso de que el Congreso Nacional quiera volver a aprobar el Código Penal tal cual lo había hecho tendría que contar con las dos terceras partes para poder imponerse a la observación del Ejecutivo. Si no reúne las dos terceras partes, quedarán eliminados los artículos en los que se sanciona el aborto por cualquier causa o circunstancia. Eso es una luz de esperanza, ante tanta tragedia contra las mujeres dominicanas.
El Congreso Nacional tiene doce meses para poder pasar otra ley con las excepciones del aborto, porque el nuevo Código Penal entra en vigencia en doce meses. La disposición del Ejecutivo, en los hechos, es un triunfo para los sectores más democráticos de la República Dominicana. Este es uno de los argumentos del presidente Danilo Medina para vetar el Código Penal:
“Dado lo gravoso de las consecuencias que se desprenden para la mujer y para el personal de la salud en materia de interrupción del embarazo, caracterizado por sanciones restrictivas de libertad, no resulta suficiente en términos de eximentes de responsabilidad penal el hecho de que, en la parte general de la ley objeto de esta observación, se consagre la figura del estado de necesidad. Entendemos que la complejidad específica de la infracción relativa a la interrupción del embarazo, en la que entra en juego la vida de la madre, exige ineludiblemente hacer explícitos los supuestos excepcionales en que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida de la mujer embarazada, o el derecho al respeto de su dignidad humana y de su integridad psíquica y moral, resguardándose al mismo tiempo también la obligación de brindar asistencia médica en el caso de estos eventos excepcionales”.
Bien por el presidente Medina. Bien por su equipo. Sabemos que ha debido ser un debate ardiente, con muchas presiones de parte de grupos poderosos que casi siempre han influido en el ánimo de los gobernantes. Pero el país tiene que tomar el sendero de la democracia no secuestrada, del interés público verdadero, y de la atención real a las personas. Enhorabuena por esta decisión.