¿Pasará, sin pena ni gloria, la denuncia formulada por Sobeida Félix Morel, sobre las implicaciones de miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado con José David Figueroa Agosto, sin que el Ministerio Público diga absolutamente nada?
El embajador de los Estados Unidos, Raúl Yzaguirre, dijo que la denuncia, presentada como un documentado bajo firma de notario, firmado el 28 de marzo del 2011, debía ser investigada. No ha ocurrido nada entre marzo del 2011 y enero del 2013. El Ministerio Público que firmó el pacto con Sobeida no ha cumplido en el aspecto formal con ella, pero tampoco ha dado seguimiento a los datos entregados por ella.
¿Qué le impidió al Ministerio Público indagar un poco en los datos ofrecidos por Sobeida Félix Morel?
Se sabe que varios de los oficiales mencionados en la banda criminal fueron interrogados. Algunos de los mencionados por Sobeida dicen que la inclusión suya en ese documento es fruto del odio del ex jefe de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y del jefe de la DNCD, general Rosado Mateo. ¿Será posible indagar sobre este tema?
Otros alegan que la denuncia es absolutamente falsa. Es el caso de Miguel Vargas Maldonado. Nunca fue llamado por la Fiscalía que encabezó Alejandro Moscoso Segarra. No compareció al juicio que se siguió a Sobeida y a otros implicados. El documento en donde se le mencionaba fue guardado con gran sigilo.
El Ministerio Público no tiene en sus archivos los documentos firmados por Sobeida. Es decir, Alejandro Moscoso Segarra, actual miembro de la Suprema Corte de Justicia, no dejó copias de esos documentos. Francisco Domínguez Brito, el Procurador General de la República, ha dicho que no tiene copia de los documentos.
Alejandro Moscoso Segarra estaba obligado a entregar esos documentos judiciales a su sucesora. Y no lo hizo. El anterior Procurador, Radhamés Jiménez, debió tener conocimientos del acuerdo, y tener copia del testimonio de Sobeida, pero si fue así tampoco lo dejó en un archivo para que su sucesor lo conociera y diera seguimiento. ¿Él también conspiró para que el caso quedara personalmente en sus manos y no en manos del legítimo dueño: el sistema judicial dominicano?
Todo queda en una nebulosa. Miguel Vargas Maldonado sigue comportándose como si nada hubiese pasado, como si no se sintiera obligado a dar explicaciones. Las autoridades, incluso, le ayudan en ese silencio, porque no han mostrado interés en indagar las conexiones reveladas por Sobeida.
Lo triste del caso, y la tragedia de la sociedad dominicana, es que todo tiende a politizarse. Si el caso criminal se arropa bajo el manto de la política, la impunidad se impone y nadie nunca podrá reclamar que en este caso haya justicia. Ni siquiera la entelequia en que se ha convertido el Partido Revolucionario Dominicano tiene fuerza o voluntad para pedirle a su presidente que diga algo más creíble sobre los 300 mil dólares y la jeepeta que según Sobeida le entregó Figueroa Agosto en la campaña del 2008.
Terrible el destino de un país donde todo se tapa con el oscuro velo de la impunidad.