El cuadro que presenta en este momento el Ministerio Público es de escasa institucionalidad y de irrespeto al estatuto de ese órgano del gobierno, agravado por la inexistencia del escalafón que posibilite la profesionalización y permanencia del personal especializado, que a lo largo de los años se ha ido empoderando para servir a la sociedad de la mejor manera posible.
Luego del anunciado concurso interno para la selección de titulares, que incluye una barrida de los principales fiscales del país, ha sido notorio el deterioro de las condiciones para ejercer las funciones en el Ministerio Público.
El ambiente laboral se ha deteriorado, la presunción de ilegitimidad es difícil de negar, porque hasta los nombres de los fiscales a ocupar las principales posiciones han sido revelados. Se dice que hay mucho miedo, y persecución e intimidación. Los momentos que se viven entre los profesionales del derecho que han optado por servir desde el Ministerio Público son dramáticos. Hay una concentración de todas las actividades, y control de lo que se dice públicamente. El escalafón ha desaparecido del mapa, y la expectativa es que el 21 de septiembre ya no estarán en sus cargos algunos de los profesionales y servidores públicos más reconocidos en las más importantes fiscalías del país ni en las Procuradurías Especializadas.
En realidad está en juego la carrera del Ministerio Público. Antes de que se produzcan los cambios algunos profesionales han comenzado a prepararse para nuevos trabajos en el sector privado, o en oficinas de abogados. Sus puestos podrían ser ocupados por actuales fiscalizadores o por personas señaladas por simpatías políticas y no por su talento.
Esa no puede ser la herencia que deje Danilo Medina en el Ministerio Público. Tampoco se podría imaginar que sea el resultado del trabajo de Jean Alain Rodríguez, como Procurador General de la República. Sin embargo, Rodríguez es también quien preside el Consejo Superior del Ministerio Público y quien ha dado pasos para todas las decisiones que están en marcha. Aunque algunos no nos guste siquiera creerlo. Hay que recordar que una de las demandas más repetidas de la sociedad civil dominicana ha sido que tengamos un Ministerio Público independiente. Ese sueño se aleja cada vez más, con gobiernos que tienen vocación concentradora y que temen a profesionales interesados y dispuestos a hacer cumplir la ley. Esa es la explicación de muchas de nuestras desgracias.
Para muestra un botón. Germán Daniel Miranda Villalona, Procurador General de Corte y Procurador Especializado en temas de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, quien inició su trabajo como Ministerio Público en 1996 y ha sido ampliamente reconocido por su honestidad y verticalidad, aparte de los riesgos que ha asumido, constituyó abogados y presentó un recurso de oposición ante el Tribunal Contencioso Administrativo, del concurso interno para la selección de titularidades abierto por el Consejo Superior del Ministerio Público. A última hora se cuenta que decidió retirar el recurso, luego de muchas presiones y amenazas.
Sostiene que es ilegal el proceso que se ha llevado a cabo y que busca terminar con sus labores al frente de una de las instancias más importantes, como es la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por violar las disposiciones legales y violentar el principio de confianza que debe primar en el área.
Plantea que para cumplir con las disposiciones de la ley, lo que corresponde es someter a Germán Daniel Miranda Villalona a una evaluación de desempeño y no realizar un concurso para ser sustituido, dado que su designación concluye el 15 de marzo del 2021.
Esta instancia legal, aparentemente suspendida a última hora, abre una nueva ventana de debates sobre el desempeño del Ministerio Público y las reales intenciones del gobierno con este departamento y con la totalidad del poder judicial en el país.